Por Proceso
Del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014 en México, más de seis mil, un 30%, son menores de 18 años, según Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México (OACUNDH).
Así lo dijo durante su participación en el foro “Desapariciones en México. Una mirada de los derechos de la infancia”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
El funcionario comentó que muchos de estos casos de desapariciones fueron cometidos por el crimen organizado. Por ello, dijo que es responsabilidad del gobierno evitarlos.
“El Estado no sólo tiene la obligación de impedir que sus agentes participen en la desaparición, sino de adoptar medidas especiales de protección ante la desaparición cometidas por particulares”, dijo.
La cifra fue confirmada por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien se basó en los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.
Alison Sutton, representante adjunta de la Unicef en México, comentó que la población menor de 18 años de desaparecidos es 1.8 veces mayor de niñas que niños. “En la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”, agregó.
Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que en la ley general que discutirá en los próximos días el Senado de la República, los legisladores deben dar prioridad a la búsqueda de menores y redactar un tipo penal que agrave la sanción para quien sea el responsable de desaparecer a un menor de 18 años.
El funcionario consideró que en la ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directa o indirecta de este delito. También se deben crear áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores.
Incluso, dijo que la ley que se trabaja debe ser transversal con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo referente al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.
