Por Víctor Leonel Juan Martínez
El diseño de las blusas de Tlahuiltoltepec mixes fue plagiado por una diseñadora francesa y la comunidad inicia su defensa; en Juchitán la Consulta indígena para la instalación de otro parque eólico ha sido impugnado; en los Valles Centrales, la Consulta sobre el decreto de veda de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra cuestionada; en distintos regiones de Oaxaca se han formado frentes en contra de la explotación minera; en Chimalapas la comunidad toma acciones radicales ante un litigio de límites de tierras administrado políticamente para favorecer a terratenientes y saqueadores de bosques chiapanecos. La Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte luchar a favor del maíz nativo y en contra de la siembra de transgénicos.
Es la resistencia contra una política neoliberal que devasta territorios, culturas, biodiversidad.
En el centro de estas tensiones se encuentra un entramado jurídico adverso a los pueblos indígenas. Aun cuando en las últimas décadas los instrumentos internacionales han reconocido sus derechos, topan con legislaciones nacionales que las obstaculizan o con la falta de regulación que impide su ejercicio, la llamada brecha de implementación.
Uno tras otro, el neoliberalismo lanza embates en contra de los recursos naturales, la biodiversidad, las culturas, el territorio de las naciones propietarias de estas riquezas. Desde América Latina, quienes defienden esa diversidad, son los pueblos indígenas. El Derecho es usado como instrumento que legaliza la devastación, pero también como arma de defensa para evitarla; en gran medida depende del andamiaje normativo vigente en los países.
En febrero 12 países firmarán el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) e iniciará el proceso de ratificación para que entre en vigor dentro de dos años entre Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Ya la relatora de la ONU para pueblos indígenas ha alertado los riesgos del TPP: favorece a las empresas por encima de los derechos humanos, privilegia los intereses económicos de las compañías trasnacionales sobre los derechos de la población nativa (indígena o no). El reciente caso de la destrucción del manglar de Tajamar en que la destrucción de ese valioso sistema se hizo “conforme a la ley” como lo señala Fonatur, es un pálido ejemplo de lo que está por venir.
En Ecuador, la comunidad indígena ganó a la empresa Chevron un juicio por la pérdida de su territorio y contaminación del suelo por la explotación de hidrocarburos. La Corte Suprema dictaminó la obligación de la compañía para limpiar el área, pero ésta alega que eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano. En Guatemala las compañías mineras han devastado parte del territorio de San Rafael y contaminado ríos y tierras; los recursos legales interpuestos de poco han valido, pues leyes y tribunales dan razón a las empresas.
En el ámbito internacional se han generado un conjunto de instrumentos jurídicos que reconocen y protegen esos derechos. En México, pese a las resistencias, merced al artículo 2º que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y del 1º, que establece la obligatoriedad de observar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se ha ampliado la esfera de protección. Pero es insuficiente ante la magnitud de los embates.
Un dato, nos ilustra. En 1994 año del levantamiento zapatista, las nueve familias más ricas de México, en su conjunto (incluyendo a Slim) no acumulaban 10 mil millones de dólares, 20 años después, en 2014, las mismas familias tenían 143 mil millones de dólares. En sentido contrario la depreciación del ingreso de los trabajadores, en un cálculo conservador hasta 2014, habría sido del 27%.
Otro dato. De acuerdo a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, 95 millones 765 mil hectáreas –casi el total de la propiedad social—del territorio mexicano se encuentran concesionadas a empresas mineras. Dos millones 137 mil 414 hectáreas de territorio donde viven 42 pueblos indígenas son explotadas y convertido en “la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social”. En cambio en los últimos 21 años se produjo casi la misma cantidad de oro, que se extrajo en más de 470 años. Son estos intereses los que se oponen a reconocer los derechos indígenas.
En sus países de origen las empresas mineras no encuentran condiciones tan laxas como en México, por sus impactos a los ecosistemas tienen prohibida la extracción con las técnicas que si emplean en nuestro país.
Son los pueblos indígenas quienes están en el campo de batalla defendiendo, no sólo su tierra y su cultura, sino los intereses de los mexicanos. Los grandes proyectos trasnacionales, de explotación desmedida de los recursos naturales que hace la industria extractiva, o de exfoliación la biodiversidad e incluso las culturales, se da en sus territorios. Y se encuentran defendiéndose en las peores condiciones normativas.
Pero esta realidad o se desconoce por los diputados oaxaqueños; o esperan sus 30 denarios para aprobarla o no; o sirven a intereses ajenos a los de la ciudadanía que les otorgó el mandato; o ven intereses cortoplacistas sin percatarse que el país está por estallarles en las manos. El caso es que llevan tres años con una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena que no se mueve, salvo para ir quitando derechos ahí consignados. Culpan de los obstáculos a los diputados del PRI, pero cómoda e interesadamente se sientan a esperar a que cambie su posición. Y mientras el país y Oaxaca se deshacen.
