Por Animal Político
La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados.
En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas diez estados tienen una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios.
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP tomó en cuenta 17 indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia para construir el Índice con datos de 2013 de los Censos Nacionales de Gobierno. Su conclusión es que el origen de la impunidad está en los estados, en donde prevalecen condiciones que provocan que sea una situación generalizada en el país.
Sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad; y San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio.
El resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. Y aunque Colima, Zacatecas y Guanajuato mejoran en calificación al promedio nacional lo hacen por menos de tres puntos.
Los autores del Índice incluyen a Michoacán como un caso “atípico”, pues tras revisar los datos disponibles concluyeron que no reflejan la situación real de la entidad; por lo que la calificación obtenida sobre el nivel de impunidad se consideró de baja confianza.
Mientras más amplio es el grado de impunidad, más estados se unen al grupo. Pero además, la diferencia en puntos entre entidades es mínima y la distancia entre el valor máximo y el mínimo del índice no es ni de 10 puntos.
“Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”, cita el reporte de la UDLAP.
Entre algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el índice están delitos registrados por cada 100 mil habitantes, sentencias, número de policías, ministerios públicos o magistrados y jueces registrados.
Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.
Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una “impunidad simple y llana”, es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.
Aún cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad —que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia— muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia.
Para el Índice Global de Impunidad México 2016, los investigadores no pudieron incluir la variable de derechos humanos.
El equipo consideró “que las estadísticas sobre violaciones graves a los derechos humanos, provenientes de las comisiones estatales de derechos humanos, no son confiables”.
Este índice complementa la investigación que la UDLAP presentó en abril pasado en la que comparó los grados de variación de impunidad entre países.
Analizó el caso de 59 países del mundo y concluyó que Filipinas alcanza los niveles de impunidad más altos con 80 puntos de 100 como nivel de impunidad máxima.
A nivel global, México se ubicó en segundo lugar con 75.7 puntos.
