Por El Economista
Dos altos funcionarios de la ONU manifestaron su deseo para que se revisen las leyes que limitan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva frente al brote del virus del zika.
Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, dijo que el secretario considera que las “mujeres deben tener una forma significativa de controlar sus propias decisiones sobre si, y cuándo y cómo, estar embarazadas”.
Agregó que “al final, debemos asegurarnos que las mujeres tengan suficiente control de sus vidas y su propia toma de decisiones”.
Previo a eso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que las leyes y políticas que limitan el acceso a servicios de control de natalidad deben revocarse debido al brote del zika, que se sospecha causa deformaciones congénitas.
Al Hussein dijo que el consejo de los gobiernos a las mujeres para que eviten quedar embarazadas “desconoce la realidad” de que muchas mujeres tienen escaso control sobre las circunstancias en las que eso sucede.
Hasta la fecha, el virus transmitido por mosquitos ha llegado a una veintena de países americanos, en algunos de los cuales la violencia sexual es rampante, dijo Al Hussein. Añadió que se necesita una urgente revisión de las leyes que limitan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
La ministra de salud de El Salvador Violeta Mendigar dijo que no están haciendo ninguna proposición de interrupción del embarazo porque el aborto es prohibido en el país, pero señaló que están poniendo a la disposición de anticonceptivos en todos los servicios de salud.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serian capturados y juzgados en los tribunales de justicia y de encontrarlos culpables podría ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
La ministra dijo que cambiar las leyes “es una decisión que tendría que tomar la sociedad entera… un análisis al respecto de cuál puede ser la conveniencia o no, si el país está o no preparado para esa decisión”.
Por su parte Angélica Rivas, del Colectivo Feminista para El Desarrollo Social dijo a la AP que respaldan la aprobación del aborto y llamó “a hacer un diálogo de este tema”.
Pero Guadalupe de Castillo de la Fundación Ayúdame a Vivir, que se opone férreamente a que se legalice el aborto en el país, dijo a la AP que “nosotros jamás vamos apoyar eso” y afirmó que están aprovechando el problema del virus del zika, para querer aprobar la ley del aborto.
“Están diciéndole a las mujeres que no se embaracen y no le están dando una solución efectiva, estamos sorprendidos que sea el gobierno el que está diciendo, no teniendo políticas, cosas claras como que van hacer con el virus, promover el aborto es una solución absurda”, agregó.
Hay un registro de casos en que la Fiscalía acusa a las madres por homicidio, por lo que pueden ser condenadas hasta con 50 años de cárcel.
Antes de 1998 cuando se cambió el Código Penal, se permitía el aborto en circunstancias cuando estaban en riego la vida de la mujer gestante, cuando el embarazo era producto de violación o cuando se sospechaba que el feto tenía anomalías incompatibles con la vida extra uterina.
Más de 129 mujeres, en mayoría obreras o campesinas han sido procesadas por este tipo de delito desde el año 2000. 17 mujeres guardan prisión en las cárceles del país pagando condenas de entre 30 y 40 años por del delito de homicidio agravado al abortar y dar muerte a sus hijos.
