Por Víctor Leonel Juan Martínez
Un exsecretario de Salud en Oaxaca –Germán Tenorio— es inhabilitado para ocupar cargos públicos en 13 años por la contratación de su hija en esa dependencia y por la adquisición de un avión particular, pero no se sanciona el quebranto patrimonial que hizo a la institución. Decenas de obras inconclusas o inservibles pululan en todo el territorio estatal y nacional, no hay sanciones para los responsables de realizarlas o contratarlas. Se cancela el proyecto de un Centro de Convenciones tras un gasto millonario, el dinero se pierde y no hay responsables del quebranto.
Una Velaria en el Auditorio Guelaguetza, en su tiempo calificada como monumento a la corrupción del gobierno de Ulises Ruiz, fue (mal) reconstruida y permanece en girones mostrando que es también símbolo de la impunidad. Las acusaciones de malversación de recursos y de conflictos de intereses entre directivos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, son nota de la semana. Como antes lo fueron en el Congreso local en donde aún no se sabe qué pasó con un lujoso gimnasio que iniciado en la actual Legislatura nunca se concluyó, pero los equipos adquiridos no están. Como nunca se supo en donde quedaron equipos con tecnología de punta como un acelerador lineal de 118 millones de pesos que entró formal pero no físicamente al Hospital de la Mujer en el gobierno de Ulises Ruiz (Proceso, 25/oct/2011).
Tras 30 años de ser un elefante blanco será demolido el “coloso de Ixcotel”, como el sarcasmo oaxaqueño bautizara al estadio de fútbol, construido en el sexenio de Pedro Vásquez, pero que nunca pudo ser ocupado en su totalidad; “fallas estructurales” lo impidieron. ¿Y los responsables? Las concesiones para taxis se convirtieron en un pingüe negocio en el sexenio muratista (y continuaron en los subsecuentes): un juicio simulado exoneró a los responsables. El recuento podría seguir. Los niveles de corrupción equivalen a crímenes de lesa humanidad en una entidad en pobreza extrema, miseria y marginación.
De acuerdo con Transparencia Internacional (Índice de percepción de 2015), México se ubica en el lugar 95 de 165 en un orden de los menos a los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al nueve por ciento del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de pesos al año.
Pese a su larga historia, la corrupción parece enseñorearse del espacio público y privado en los últimos años. La alternancia en los gobiernos federal, estatales y municipales, lejos de ser una vía para sancionarla, se convirtió en la democratización de la impunidad. La protección entre la clase política se volvió norma más allá del partido al que representaran. Los escándalos de los últimos meses y años son una pálida muestra de la profundidad que ha alcanzado: la Casa Blanca presidencial, los viajes en helicóptero oficial del extitular de CONAGUA y de dirigentes perredistas. El saqueo de los Moreira en Coahuila, Duarte en Veracruz y una larga lista.
Es claro que la clase política muy poco hará para solucionar esta situación en que son parte del entramado. El Senado y la Cámara de Diputados federal, lo mismo que los congresos locales son las entidades de mayor opacidad del país y en donde la discrecionalidad es la norma del manejo de los recursos públicos, administrados con una visión patrimonialista y partidista.
Así las cosas, toca a la sociedad civil protagonizar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es tiempo de ir más allá de los ingeniosos memes, de los hashtag y trending topic en las redes sociales; necesarios, pero insuficientes para soluciones de fondo. Korenfeld obligado a renunciar, será sustituido por otro escándalo. Moreira exonerado buscará reincorporarse a la política. Layin, el alcalde que “roba, pero poquito” aspira a otros cargos.
Germán Tenorio no es sino un personaje más en una secretaría de Salud que ha hecho famosos a sus titulares por su corrupción desmedida: Juan Díaz Pimentel, Martín Vásquez. Y los que se acumulen. Equipos desaparecidos, toneladas de medicinas del seguro popular enterradas, otras tantas adquiridas a sobreprecios. Y no pasa nada, salvo sus oportunas renuncias. Por eso la denuncia de estos hechos debe seguir. Pero no basta.
Es tiempo que la sociedad civil, el movimiento social, la academia, los medios de comunicación, doten de sustancia, contenido y acción a estas demandas. El año pasado de esos ámbitos surgió la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que encontró eco en algunos legisladores comprometidos con la institucionalidad y la democracia y obligó a los demás a aprobar la iniciativa.
Ahora, una red de organismos civiles y académicos ha tejido la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que junto con la Ley General del SNA son los ejes del SNA. Ley 3de3 es como coloquialmente se conoce a la propuesta, nombre tomado de una iniciativa anterior en que se pide a servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, declaración de conflicto de interés y declaración fiscal. Por cierto, en Oaxaca sólo los diputados Francisco Martínez Neri y Eva Diego lo hicieron. Sería buena oportunidad que los aspirantes a cargos de elección popular en este 2016, empezando por los precandidatos a la gubernatura, los dieran a conocer.
La propuesta de #Ley3de3 va mucho más allá. La iniciativa define las competencia de la Federación y los estados; las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, entre ellas una acuciosa tipología de conductas de corrupción; instaura los procedimientos de investigación y de sanción y los sujetos de responsabilidad. Y establece las sanciones por responsabilidad administrativa. Finalmente fija procedimientos innovadores de corresponsabilidad y participación social (entre ellos mecanismos para la recuperación de daños al erario).
Sin embargo, para que la iniciativa prospere requiere que sea firmada por al menos 120 mil ciudadan@s. Es tiempo de pasar de la protesta a la propuesta, de la demanda a la acción colectiva. Del meme a la firma, del hashtag al activismo real. Entremos al sitio http://ley3de3.mx/#firma y demos un paso efectivo contra la corrupción. A firmar tod@s.
