Por Rodrigo Islas Brito
En escenarios de invasión a espacios urbanos, de amenazas de muerte contra opositores, de promesas de nuevas fuentes de empleo y desarrollo para los habitantes que devienen en falacias que terminan enfrentando a vecinos contras vecinos, a familiares contra sus propios familiares, es como se han traducido los esfuerzos y las tácticas invasivas de intereses empresariales poderosos y de facto, por resucitar el proyecto Eólica del Sur en cinco mil hectáreas pertenecientes a los municipios de Juchitán de Zaragoza y de El Espinal, Oaxaca, y cuyo futuro, que significaba la construcción de un quinceavo parque eólico en Juchitán, fue ya suspendido definitivamente por un mandato legal del juez del séptimo distrito del puerto de Salina Cruz.
“Es un mito este supuesto desarrollo económico que la eólicas le han traído al Istmo de Tehuantepec. Hay ya 25 parques eólicos en la zona y los campesinos siguen siendo campesinos y los pescadores, pescadores, y la gente en general continua en la misma situación económica comprometida de siempre”.
Dijo la activista Betina Cruz, integrante del Pueblo Indígena Binniza, quien en conferencia de prensa denunció las amenazas de muerte que ha habido en su contra y en contra de la vida de otros opositores a la Eólica Sur, quienes promovieron el amparo que terminó en la suspensión de un negocio millonario, y que en su caso particular incluyen el ir a gritarle afuera de su casa que saliera porque estaban ahí para matarla y tirarle el parabrisas de su automóvil a puras pedradas anónimas.
“A los que nos oponemos a la Eólica (que según se mencionó en la conferencia, comprende un grupo de mil integrantes del pueblo indígena zapoteco juchiteco) nos han llegado a calificar como una banda de extorsionadores, con lo que buscan proseguir una campaña de linchamiento en nuestra contra”.
Por su parte, Ricardo Lagunés, abogado del organismo denunciante, aseguró que las consultas ciudadanas que se han hecho sobre el tema en Juchitán, han sido sesgadas, impuestas y ausentes de un verdadero espíritu de información.
Dijo que el suspendido Proyecto Eólica Sur es en realidad, “un proyecto privado de beneficio privado sin interés social por el bienestar público”, externando su preocupación por que los abogados del conglomerado que está detrás de la Eólica, en el que identificó marcas poderosas como OXXO y la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, están hoy promoviendo una cambio de juez sobre su caso, con lo que buscan reactivar la construcción de un parque eólico, que según el abogado es en realidad un reciclaje de Mareña Renovable, la Eólica que habitantes de San Dionisio del Mar impidieron que se construyera en su población hace ya casi cuatro años.
“Desde el 2006 se empezaron a construir parques eólicos en el Istmo, sin que los pueblos indígenas tuviéramos conocimiento de ello, sin respetarnos, sin darnos la oportunidad de decidir si queríamos o no la intrusión de un proyecto que iban a venir a afectar irremediablemente nuestras vidas”.
Recordó Betina Cruz, rememorando además como en Juchitán se empezó a realizar abiertamente un descuento en el recibo de luz de sus habitantes, con la intención de convencerlos de las bondades de la quinceava eólica, asegurando que los prometidos empleos de las Eólicas a los habitantes del Istmo de Tehuantepec, no han pasado del área de intendencia. Asegurando que ese será el mismo futuro que se le puede augurar a los proyectos federales de este sexenio para la región del Istmo de Tehuantepec, las zonas económicas y el Corredor Industrial Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los cuales ya fueron anunciados como una prioridad por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El gobierno viene por todos nuestros recursos naturales, poniendo ya al Istmo en una abierta venta de garaje”.
Por su parte Raymundo Regalado, quien se identificó como vocero de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, que hoy en Juchitán son 68 mil hectáreas de tierras comunales que intereses extranjeros se quieren apropiar.
Dijo que Profirió Montero Fuentes, representante, según registros periodísticos, de la empresa Zapoteca de Energía, ha estado acaparando desde los ochentas, decenas de tierras y hectáreas.
“La suspensión de la construcción de la Eólica ha soltado los demonios, nos han venido a balacear a la radio. Hemos hechos las denuncias y no pasa nada”
Dijo que hoy en Juchitán hay lagunas y terrenos en los cuales trabajan y sobreviven las familias de cuatro mil pescadores, a las que hoy les han aparecido nuevos dueños y en las que han empezado a practicar deslindes , arropados bajo la anuencia del edil juchiteco, Saúl Vicente.
Además de que estos intereses de explotación han acabado ya por medio de talamontes con una buena zona de manglar que aún persiste en aquellas tierras.
Declaró temer por su vida y haber realizado ya una denuncia penal por las amenazas de muerte sufridas contra ella, recordando que otros de sus compañeros de causa han sido ya asesinados.
“Nada más estamos esperando a que pase una de esas camionetas blancas, guindas o negras, de vidrios polarizados, y de ella se bajen para hacernos algo”.
A estos argumentos se presentaron otras denuncias, como la del activista Carlos Sánchez, quien dijo que en terrenos próximos a las eólicas se han registrado ya campesinos con sordera, con agua de pozo que le saca ronchas cuando se bañan con ella, cuyos becerros han nacido ya en una buena cantidad con muy notorias deformaciones.
Y demandas, como las de las activistas Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, y Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio Oaxaca, quienes llamaron al gobierno de Gabino Cué Monteagudo a cumplir con las medidas de seguridad precautorias que se han dictado para garantizar la integridad física de las y los opositores a la Eólica del Sur, y sobre las cuales, según Sánchez Maya, el gobierno estatal se ha mostrado omiso.
Finalmente, a la pregunta de un reportero sobre si la no apertura de la Eólica Sur podría ser un precedente negativo que podría marcar que las restantes empresas eólicas subsistentes en la zona podrían retirarse con sus inversiones a otra parte, el abogado Ricardo Lagunés consideró:
“Al contrario, me parece que es un precedente bastante positivo. Hoy estas empresas quieren suplantar al Estado en sus funciones ofreciendo empleos, desarrollo y un bienestar que al final no es tal”.
