Por 24 Horas
A pesar de los esfuerzos por erradicar este delito, en México 266 mil 900 personas son víctimas de lo delitos de trata de personas para fines de explotación (principalmente sexual y laboral), de acuerdo con cifras de organismos ciudadanos. En números absolutos, esto quiere decir que México se encuentra en el lugar número 18 de más de 160 países cuya situación fue analizada por el Índice Global de Esclavitud.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para monitorear y combatir el tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad física y mental, migrantes y personas con preferencias sexuales lésbico, gay, bisexual y transexual.
Así, mientras las personas transgénero son vulnerables al tráfico sexual, los hombres, mujeres y niños son víctimas de explotación laboral en sectores como la agricultura, el servicio doméstico, fábricas, procesamiento de alimentos, construcción, la economía informal y también son obligados a mendigar. La mayoría de estos delitos son perpetrados por grupos del crimen organizado.
“Las mujeres y niños, y un reducido número de varones, son víctimas de tráfico para fines de explotación sexual entre México y Estados Unidos. Son enganchados con ofertas falsas de empleo o de amor, y también son extorsionados de diferentes formas: desde reteniéndoles sus documentos de identificación o amenazándolas con reportarlas ante las autoridades por su estatus migratorio”, menciona el documento.
La activista y exdiputada federal Rosa María de la Garza Ramírez (mejor conocida como Rosi Orozco) presidenta de la comisión Unidos Contra la Trata, explicó en entrevista que ha habido avances en algunas entidades del país especialmente en tanto a la dictaminación de sentencias en contra de tratantes, desde 2013 cuando se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Por ejemplo, en el Distrito Federal han sido ejecutadas 211 sentencias contra tratantes, 100 en Chiapas, 53 en el Estado de México y 30 en Puebla. En Baja California Sur, Durango, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche no hay ninguna; en las restantes 22 entidades el número de sentencias va de una a 15, acuerdo con el informe que presentó la organización ante la Conferencia Nacional de Gobernadores la semana pasada.
Solamente seis entidades: Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla y Chiapas tienen habilitados refugios para atender a mujeres que han sido rescatadas; sin embargo, no se ha considerado la urgencia de instalar refugios para niños y adolescentes varones, ya sea que vivan en situación de calle o que también hayan sido rescatados.
Esto es fundamental, explicó, porque cuando un niño o adolescente no es rehabilitado o reinsertado en sociedad, a menudo crece para convertirse en victimario o tratante o formar parte de la delincuencia.
“En México desafortunadamente existe muy poca protección para las víctimas, y ello lleva a que se conviertan en victimarios, se deprimen o se suicidan. Es necesario hacer refugios para los varones y brindar protección para empoderar a las mujeres y niñas. No hay ni un refugio para niños varones”, señaló
