Por La Jornada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por un aumento alarmante en el número de agresiones cometidas contra defensores civiles en la última década. De los 380 expedientes abiertos de 2006 a la fecha, 70 por ciento se han registrado en los pasados cinco años.
Además, del primero de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, el organismo nacional registró 25 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos, y tres desapariciones desde 2009 a la fecha; Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor número de agravios cometidos en contra de activistas, incluyendo los homicidios, con 9, 6 y 4, respectivamente.
En la recomendación general 25, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, se señala que hay un importante grado de subregistro en todos los casos de agresiones, debido a que varias entidades a las que les solicitaron información no la proporcionaron, en gran medida porque desconocen si las víctimas de delitos son activistas o carecen de fiscalías o unidades especializadas para este sector de la población.
Al presentar el documento, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que el documento acredita un aumento en el nivel de agresiones contra defensores de derechos humanos, en medio de una enorme impunidad en la investigación de los hechos y una criminalización de este sector de la población.
Incluso, la recomendación cita observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita in loco realizada en octubre pasado, donde refiere la situación de hostigamiento y amenazas que enfrenta este grupo de personas.
Este documento, de 66 páginas, es el primero que emite la CNDH con este tema; en él se da cuenta de los agravios cometidos contra este grupo, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de varias organizaciones, lo que, aunado al incumplimiento de investigaciones, tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.
El organismo nacional concluye que el Estado mexicano no ha atendido de manera puntual las recomendaciones emitidas por dichos comités internacionales para proporcionar protección eficaz a los defensores, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales en particular.
Además, señala que estas agresiones provienen tanto de autoridades como de poderes fácticos; tal es el caso de la delincuencia organizada, circunstancia que se ha documentado en algunos asuntos relacionados con actos de represión y amenazas. ‘‘Tales condiciones ponen de manifiesto que la situación actual del ejercicio de las personas defensoras en nuestro país enfrenta diversos obstáculos y que su protección es deficiente, ya que no cuentan con garantías de seguridad para su desempeño’’, afirma el texto.
Acompañado por Édgar Corzo, quinto visitador general de la CNDH, el ombudsman nacional señaló que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de las garantías fundamentales tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país.
En ese contexto, González Pérez llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a atender y cumplir su obligación de proveer seguridad pública y prevenir las posibles violaciones a los derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.
