Por Proceso
Representantes de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que la PGR pone “obstáculos” al trabajo que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento del caso.
En rueda de prensa al término de una reunión con Arely Gómez, titular de la PGR, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusó que la dependencia busca agotar el tiempo del segundo mandato del GIEI sin “llegar a alcanzar verdad y justicia”.
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Acompañado de Felipe de la Cruz y Melitón Ortega, voceros de los padres de familia de los normalistas, Rosales Sierra reprobó que a un mes de que le entregara a la procuradora un documento con la solicitud de más de un centenar de diligencias, hasta ahora la dependencia no ha emitido el acuerdo para llevarlas a cabo.
En la edición 2053 de Proceso se da cuenta del documento entregado el 18 de febrero a Gómez González, en el que se solicitan diversas comparecencias, entre ellas las de los militares que estuvieron informados de lo ocurrido y que no han sido interrogados, como el responsable de la región militar de Guerrero, el general Alejando Saavedra Hernández.
Vidulfo Rosales apuntó que en el documento entregado el mes pasado se solicitaba a la PGR que llamara a comparecer a “actores del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Ministerial, políticos y presidentes municipales, entre otros, que están implicados en el caso, que han sido mencionados por los inculpados o cuyos nombres han aparecido en mantas en diversas ocasiones”.
Rosales Sierra reprobó que a más de un mes “la PGR no haya emitido un acuerdo de admisión del pliego de diligencias que pedimos se desahoguen, cuando por ley debieron haber dado respuesta en un plazo máximo de tres días”.
Después de tres horas de dialogar con Gómez González, el subprocurador Eber Betanzos, el responsable de la unidad especializada para el caso Ayotzinapa, José Aarón Pérez Carro; y los expertos Carlos Beristáin, Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, Rosales Sierra señaló que se dieron a conocer “escasos avances” de la indagatoria y que “sólo se ha explorado la línea de investigación de la búsqueda sin vida” de los jóvenes, dejando a un lado las búsquedas con vida, la investigación del quinto camión, presumiblemente cargado con droga, y la intervención de la delincuencia organizada.
Vidulfo Rosales explicó que a poco más de un mes de que concluya el segundo mandato del GIEI, la PGR y su unidad especial se han dedicado a “obstaculizar” el trabajo de los expertos, “incumpliendo con las diligencias previamente calendarizadas y acordadas por las partes, lo que ha retrasado el trabajo de los expertos”.
Luego señaló que habiéndose acordado fechas para acudir a la exploración de algunas áreas, la PGR ha pretextado no tener listo el equipo necesario, carecer del respaldo de la PF para realizar las diligencias, o bien “condicionan la realización de la exploración a que los expertos proporcionen las coordenadas exactas”.
También dijo que se mantiene la “fragmentación de la investigación”, como fue denunciado por el GIEI, sin que se les haya dado acceso a alrededor de 12 averiguaciones previas relacionadas con el caso y que están bajo el resguardo de la SEIDO.
Para el abogado resulta preocupante “que estos obstáculos estén caminando paralelamente a la campaña mediática que busca desprestigiar el trabajo de los expertos independientes, dejando de lado que quien tiene la responsabilidad de esclarecer el caso y sancionar a los responsables es el Estado mexicano”.
En ese sentido, apuntó, está encaminada la denuncia que presentó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, el martes 15, algo que “parece un mal chiste, pues lo que busca es desviar la atención pública mientras se vence el plazo del segundo mandato del GIEI”.
Entre los escasos avances notificados por la procuradora, el abogado informó sobre la realización del tercer peritaje en el basurero de Cocula, realizado por seis expertos, y que será hasta el 31 de marzo cuando se conozca el resultado.
Rosales Sierra agregó que en este mes se realizaron cuatro operativos de búsqueda en Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso; Huerta Vieja, municipio de Heliodoro Castillo, así como en Loma de Coyotes y Cerro de la Parota, en Iguala.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, emplazó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a cumplir su palabra de prorrogar la estancia del GIEI hasta que se esclarezcan los hechos, “como se comprometió en una reunión que tuvimos en Acapulco”.
Melitón Ortega convocó a organizaciones sociales a sumarse a las movilizaciones que se realizarán el 26 de marzo en la Ciudad de México para evitar que la desaparición de los jóvenes quede en el olvido.
