Por Excelsior
El grupo parlamentario del PAN en el Senado decidió hacer su propio documento base para la negociación de las leyes anticorrupción, porque su valoración es que la propuesta oficial de la presidencia de la Comisión Anticorrupción no puede considerarse como la base de negociación, porque no incluyó las propuestas de la oposición.
A pesar de que el lunes fue el último día para que las instituciones, organizaciones y fuerzas políticas entregaran sus observaciones al documento base, a fin de que esta semana comenzara la construcción del dictamen, el PAN fue el único que no lo hizo, lo cual retrasó el programa de trabajo que tenía previsto la Comisión Anticorrupción.
Juan Carlos Romero Hicks, uno de los panistas que encabeza la negociación del PAN en este tema, aclaró que el propio calendario de Anticorrupción no fue consensuado con el resto de las comisiones involucradas; informó que esta misma semana el PAN hará pública su propuesta de documento base, con cuadros comparativos y la inclusión de las propuestas de todas las fuerzas políticas.
“¿Cuál es el documento base? El que hay es la propuesta del PRI, no es un documento base. Nosotros lo que estamos haciendo es una construcción más amplia de las tres iniciativas principales, las de Acción Nacional, las del PRI y las del PRD, para ver en una matriz de contraste coincidencias, diferencias y puntos críticos que consideramos son necesarios de atender. Todavía lo estamos trabajando y esta semana tendremos ya esa lista de comentarios.
“Nos sorprendió que el documento base pues no sea el documento base, sino que quisimos darnos la oportunidad de aprender de todos, porque en todas hay elementos positivos y esta semana tendremos nuestra conclusión de coincidencias, diferencias y puntos críticos”, explicó Romero Hicks.
De acuerdo con la información pública del sitio web de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, las instituciones a quienes se les pidió opinión en torno al documento base, como son la Auditoría Superior de la Federación, PAN y PRD; sólo falta por responder el PAN.
Funciones
La iniciativa establece los actos de corrupción que deben sancionarse, cuando sean cometidos por servidores públicos, particulares y personas morales.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal serán los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles los actos de corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación podrá investigar el uso de los recursos provenientes de las participaciones federales, que son repartidos entre los estados.
La reforma tendrá un gran impacto sobre los particulares, pues la Constitución preverá las sanciones por faltas administrativas graves o actos de corrupción.
