Por Rodrigo Islas Brito
Othón Nazariega Segura, uno de los cuatro profesores de la Sección 22, arrestados hace cinco meses bajo cargos de haber cometidos delitos contra el consumo y la riqueza nacional, así como por robo agravado en perjuicio de propiedades federales, le fue concedido un amparo contra su orden de aprehensión “por carecer de fundamentación y motivación”.
Esto según la organización defensora de derechos humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, quien en un escrito enviado a los medios de comunicación, informa que en el amparo 116/2015 del índice del juzgado segundo de distrito con residencia en Jalapa, Veracruz, se especifica:
“Para efecto de que se deje insubsistente la orden de aprehensión del 9 de octubre de 2015, dentro de la causa penal 145/2015, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal con residencia en Ixcotel, centro Oaxaca, por carecer de fundamentos y motivación”.
Según Consorcio, el Comité de Familiares de los Presos Políticos “28 y 29 de octubre 2015, y la Comisión Política de la propia Sección 22, el que Nazariega Segura siga preso “pone en evidencia el síntoma de criminalización de la protesta social y además denota la utilización del sistema de administración de justicia del estado de Oaxaca”.
En el mismo comunicado firmado por las tres instancias a citadas se informa además que “mediante auto de fecha 5 de abril del 2016, la Juez Primero de lo penal ordenó que otro de los profes encarcelado. Roberto Abel Jiménez García, sea excarcelado del CEFERESO número 03, ordenando de nueva cuenta a la Secretaria de Seguridad Pública para que lo trasladen de manera inmediato al penal estatal número 13 de Miahuatlán, Oaxaca. Situación que todavía no se ha concretado.
“Por lo que le exigimos a la SSP que cumpla de manera inmediata con dicho mandato a efecto de que se eviten mayores violaciones a sus derechos humanos”.
Demandan en su escrito Consorcio, el comité 28 y 29 de octubre 2015 y la misma Sección 22, asegurando que sobre la suerte de Nazariega, Jiménez y los otros dos profes oaxaqueños presos Efraín Picazo Pérez y Carlos Orozco Matus , ha expresado su interés la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Además de su preocupación por su situación legal.
A más de 5 meses de una detención a la que los organismos citados considera arbitraria e ilegal con los cuatros maestros internos en el CEFERESO número 13 con sede en Miahuatlán, Oaxaca enfrentando entre todos 4 procesos del fuero común y 5 del fuero federal, el escrito abunda sobre los esfuerzos para liberar y auxiliar a los docentes en su comprometida situación.
“A lo largo de estos cinco meses hemos recurrido a diversas instancias para denunciar y documentar las graves violaciones a derechos humanos de que han sido objeto desde el momento de su ilegal detención y sus ilegales traslados al CEFERESO de Almoloya y de ahí al CEFERESO de Miahuatlán, Oaxaca, donde han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, al grado tal de ni siquiera tener papel higiénico para su aseo personal”.
“A lo largo de estos meses se han tenido diversas reuniones de trabajo con la Oficina en México del Alto comisionado de Naciones Unidas, Unidad de DH de la Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organizaciones No gubernamentales Estatales y Nacionales, entre otros”.
“Se ha hecho de nuestro conocimiento que por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y las Relatorías de libertad de expresión, Asociación y Personas Defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas emitieron un llamado urgente al gobierno Mexicano para que, dentro de otras cosas, se garantice su derecho humano al debido proceso, condiciones dignas en los lugares de detención y garantizar el derecho de presunción de inocencia”.
Informando además que hace dos días se llevó a cabo “la audiencia de vista en el Primer Tribunal Unitario, en el Toca Penal 18/2016, mediante el cual se va a revisar el auto de formal prisión que dictó el juez séptimo de Salina Cruz Oaxaca en contra de Juan Carlos Orozco Matus, y toda vez que no existen elementos para mantenerlo privado de su libertad, esperamos que sea revocado y ello redunde en dictar auto de libertad en su favor”.
Consorcio, el comité 28 y 29 de octubre 2015 y la misma Sección 22 reiteran finalmente que van a seguir evidenciando y denunciando el patrón de detención arbitraria, violaciones a derechos humanos y criminalización de la protesta social, “pues el accionar jurídico y de derechos humanos lo pone en evidencia”.
