Por La Jornada
No era tema de agenda, pero los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) traían atravesado el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les había revocado la cancelación de las candidaturas de Morena en Zacatecas y Durango. Y a propósito de la revisión de los gastos de campaña en Hidalgo se desató un intenso debate en el Consejo General, en el que Morena les recriminó el ‘‘sesgo político’’ en sus decisiones y los consejeros desahogaron su enojo contra los magistrados.
Siempre bajo el prurito de acatar la sentencia del tribunal, la sesión fue un choque de descalificaciones entre Morena y los funcionarios electorales. ‘‘Eso no es un debate jurídico, es un debate político; (la sentencia) demuestra la mala fe que este consejo tuvo contra nuestro partido político, porque había todos los elementos jurídicos’’ para no imponer esa sanción, sostuvo el representante de Morena, Horacio Duarte, quien hizo de los consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños el objetivo de sus cuestionamientos.
Tras criticar el periplo mediático que la víspera hizo Murayama para arremeter contra el fallo del tribunal, Duarte sostuvo: ‘‘Lo correcto es acatar solamente la sentencia. Sus manifestaciones políticas no les quedan como árbitro electoral. Si ya los partidos no podemos ir al tribunal porque si nos da la razón el árbitro nos va a caer a palos, acusándonos no sé de qué tanta cosa (…) Hoy acusan que el tribunal electoral ‘sienta un precedente funesto, terrorífico’. O sea, el tribunal es terrorífico; vean hasta dónde ha llegado su nivel. Si eso es cierto, entonces nos estamos encontrando frente a un choque de instituciones’’.
Intercambio de epítetos
Después de la acusación de Duarte de que Marco Antonio Baños era ‘‘el enlace de Manlio Fabio Beltrones’’, el consejero devolvió el golpe imputándole al representante de Morena ser un ‘‘provocador’’ que busca siempre dar ‘‘golpes bajos’’ para ocultar el fondo: las violaciones legales de su partido. Si bien el tribunal revocó la sanción, dijo que quedó demostrado que Morena pretendió ‘‘engañar flagrantemente a la autoridad; entregó un informe extemporáneo –34 días después– y lo hizo en ceros, aunque quedó acreditado que realizaron gastos de precampaña en Zacatecas’’.
Murayama optó por no involucrarse en el pleito con Duarte y obvió las alusiones de que actuaba con un evidente sesgo contra Morena. Con más cautela que la víspera ante los medios, aseveró que acatarían la sentencia del tribunal, pero advirtiendo del riesgo que representa la presentación extemporánea de los informes de precampaña e invocando que este criterio no se repita en la revisión de gastos de campaña, porque entonces sí gravitará en contra del modelo fiscalizador y provocará que el marco legal pueda volverse ‘‘papel mojado’’.
Entre recriminaciones, de las que incluso salieron sugerencias de atención sicológica entre Baños y Duarte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo patente la abierta inconformidad del instituto frente al fallo. Dijo que en democracia las sentencias se acatan, pero también se discuten; advirtió que ‘‘la entrega extemporánea de informes es grave, muy grave, a la luz de lo que impuso, del modelo que impuso la reforma 2014. Eso es lo que no podemos y no vamos a permitir; puede convertirse en una estrategia contable para burlar el ojo fiscalizador del INE.
‘‘Puede abrir la puerta para que eventualmente los partidos políticos hagan un ejercicio, un cálculo del costo o beneficio que implica pagar una sanción, pero beneficiarse de un ilícito; ponderen, pues, si es conveniente violar la ley para obtener, incluso si es descubierto y sancionado, algún tipo de beneficio.’’
El representante perredista Pablo Gómez se sumaría a los cuestionamientos al desempeño del INE, instancia que, dijo, en sus decisiones sí tiene presente el color de los partidos; ‘‘por eso ha tenido tantos tropiezos, que no han sido pocos’’. Consideró que la resolución del TEPJF, sustentada en las violaciones de procedimiento en que incurrió el INE para sancionar, no es la que atenta contra el modelo de comunicación, sino son los incumplimientos del instituto lo que afecta esa fiscalización.
