Por Excelsior/ JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ
Más allá de estar de acuerdo o no, la Ley 3de3 ha generado un cisma en el debate público como hace tiempo no sucedía y eso merece un reconocimiento al esfuerzo ciudadano. Se trata de una manifestación articulada con medidas concretas y alcanzables para combatir la impunidad a los actos de corrupción que a diario presenciamos y que abarcan a todo tipo de funcionarios públicos.
En nuestro país reina un sistema que ha logrado acostumbrarnos a la normalidad de los actos y escándalos de corrupción. Desde el policía de Tránsito, empresario, banquero y hasta el Presidente de la República, los presuntos actos de corrupción que se denuncian no tienen mayor consecuencia y quedan como una mera anécdota para la memoria y resignación.
Inicio con una conclusión: la Ley 3de3 no es la panacea y contiene deficiencias técnicas y prácticas importantes, pues ha sido confeccionada exclusivamente desde una óptica ciudadana y no del Estado. Sin embargo, por la pertinencia de lo que ahí se plantea, resulta ineludible no entrarle al debate. En concreto, los tres componentes que la propuesta busca que los servidores públicos declaren públicamente parecen irrefutables: patrimonio propio, situación fiscal y conflicto de intereses. Hay que señalar que, de las tres exigencias que se plantean, las primeras dos ya conforman parte del régimen de obligaciones de los servidores públicos (por lo menos a nivel federal). La novedad, por supuesto, es la obligación de revelar los posibles conflictos de interés frente a la función pública que se va a ejercer. Ese punto parece no tener pierde: si una institución pública contrata a una determinada persona para ejercer el cargo, por ejemplo, de director de obras públicas y esta persona o su familia son dueños de un negocio ligado a la construcción, entonces es un deber elemental declararlo y hacerlo público.
Ahora bien, este tipo de propuestas que resultan más que pertinentes y necesarias ante los recientes escándalos de corrupción en distintos niveles del poder político, el Estado debe velar por su armonización con otros derechos que tampoco son menores. Ejemplo de ello es que el estatus de los servidores públicos es personalísimo e individual con respecto a quien acepta un empleo público y no debe trasladarse a amigos o familiares, pues estas personas también gozan de derechos básicos, como es la intimidad, la protección de datos y demás aspectos de la esfera privada de las personas.
Por lo mismo, la iniciativa 3de3 se debilita al observar ciertos tintes desproporcionados que surgen de ese hartazgo de abusos, pero que omiten una visión más integral e idónea de un Estado que armonice múltiples derechos. Esto debido a que propuestas como la intervención de comunicaciones para fines de investigación por actos de corrupción (aun con orden judicial de por medio), acaban siendo remedios que, sin duda, pueden generar una espiral de nuevos problemas.
No obstante que lo anterior no es un tema menor y merece encontrar soluciones que garanticen ese correcto uso de los mecanismos legales y herramientas de investigación anticorrupción; es importante decir con todas sus letras que la posición asumida a este respecto por el gobierno federal y el PRI, resulta francamente cínica, insensible y lamentable frente a la ciudadanía.
A casi dos años de que surgió el escándalo que involucra al presidente Peña Nieto, su esposa y la relación con el dueño del Grupo Higa (Armando Hinojosa Cantú), seguimos presenciando el juego de “no oigo, no oigo, soy de palo”. El teatro montado para distraer la atención del asunto a partir de una investigación simulada que encabezó el titular de la Función Pública, lo único que ha generado es un mayor grado de molestia y la erosión total en la credibilidad del primer mandatario, no sólo frente a sus conciudadanos sino también en el ámbito internacional.
Si a eso añadimos que, dos años después de ese intento oficial de tapar el Sol con un dedo, siguen apareciendo escándalos en torno a esa red de intereses y complicidades entre funcionarios públicos de primer nivel y el empresario favorito del gobierno, entonces se hace evidente el por qué de la reacción colérica del PRI ante la Ley 3de3. Lo cual pone en evidencia una muy mala estrategia política y de comunicación, pues devela la incomodidad que ocasiona entrarle a atender ese malestar social. Máxime cuando fue el propio Ejecutivo federal el que, al iniciar su sexenio, puso dentro de sus paquete de “reformas estructurales” la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción que transformara el ejercicio del poder político.
Lo anterior no es privativo del gobierno y su partido, sino que abarca prácticamente a todos los colores políticos. Por ejemplo, no hay forma de explicar que el PAN proponga como candidato a gobernador de Veracruz a un político que tampoco tiene capacidad de explicar su riqueza, como es el caso de Yunes Linares, o el multimillonario negocio familiar que representa el Partido Verde.
¿Qué nos genera todo esto? Una terrible confusión entre lo urgente, lo necesario y lo deseable y más conveniente para combatir la corrupción de forma integral y sistémica. Por lo mismo, la Ley 3de3 es una respuesta a lo urgente y necesario, pero no necesariamente a lo idóneo. Pues, además de leyes apropiadas, uno de los presupuestos fundamentales para combatir la corrupción es que exista la suficiente autoridad y autonomía para poder perseguir esos actos ilícitos.
El otro eslabón que tampoco contempla la Ley 3de3, es la necesidad de replantear nuestro mal entendido —y convenenciero— sistema federalista, para que en esta materia exista un sistema nacional único e integral, que acabe con esos huecos que existen a nivel federal y local, mismos que aún permiten que personajes como Humberto Moreira evadan fácilmente la justicia con una sonrisa. No obstante, la propuesta es un primer avance que tiene un fuerte eco social y que, aunque incomode a algunos, la representación del Estado no puede ignorar.
