Por Excelsior
Irma López recordó ayer aquella mañana de octubre de 2014 cuando quedó capturada en una fotografía que se volvió viral, al momento de dar a luz a su tercer hijo en el pasto de un jardín trasero de un hospital en Oaxaca, con su bebé tirado en el suelo y todavía sin cortar el cordón umbilical.
La historia fue contada por la indígena mazateca frente a otras 26 familias que, como ella, han vivido algún tipo de negligencia médica en instituciones públicas, provocando a estas 27 pacientes de violencia obstétrica, siete víctimas de muerte materna y en diez casos, la pérdida de un bebé.
“Yo soy la quinta mujer que ha dado a luz en el patio de ese hospital (del Centro de Salud de Jalapa de Díaz), y si vengo hasta acá (a contar su testimonio) es para que las mujeres que apenas van a juntarse con sus parejas para hacer una familia no pasen por ese peligro (al que ella se enfrentó)”, aseguró a Excélsior, mientras abrazaba al pequeño Sabino Salvador, que le susurraba al oído en mazateco, que lo dejara bajarse para ir a jugar con sus otros dos hermanitos.
El nombre de este bebé prematuro se debe a que su abuelo materno se llamaba Sabino, y Salvador al milagro de haber sobrevivido a un parto en la intemperie, luego de que las enfermeras del hospital le negaran a su madre el acceso por falta de cupo en las instalaciones y porque aún no se presentaba el doctor de turno.
“Si no somos animales para tener a los bebés en la calle”, reclamó Irma.
Ayer, en el Polyforum Siquieros de la Ciudad de México, por primera vez se reunieron 27 familias a denunciar sus testimonios frente a un jurado de cinco expertas internacionales, quienes en junio próximo emitirán sus recomendaciones finales para entregarlas a las autoridades de salud pública; entre las presentes estuvieron Gladys Acosta Vargas, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y Alicia Ely Yamin, del Center for Health and Human Rights.
A este llamado Tribunal Simbólico sobre Muerte Materna y Violencia Obstétrica, organizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y apoyado por 27 organizaciones más, también llegó el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori.
“Me parece que hay una cultura machista en México, es como si se considerara que la muerte de las mujeres por un embarazo fuera natural o normal, por eso, antes que nada, los testimonios son importantes, porque permite que se escuchen las voces de las víctimas y de sus familiares. Son historias que normalmente no se dan a conocer”.
Las historias de negligencia médica que se escucharon por más de seis horas incluyeron escenas de horror, muchas de éstas contadas por las propias víctimas, quienes sólo por puras cuestiones de azar vivieron para poderlo denunciar, como Áurea Cruz, de Quintana Roo, quien narró su estancia en el Centro de Salud como un paso por el infierno.
Después de una cesárea mal practicada, donde le perforaron la vejiga y el riñón, se desangró, entró en shock anafiláctico, estuvo ocho días en coma, tuvo 32 transfusiones de sangre y siete cirugías en menos de un año.
Pero entre los testimonios hubo casos más desafortunados que terminaron con la vida de la paciente, como Cecilia García Sánchez, quien murió sin un registro en un hospital, y los médicos tuvieron que salir a vocear a su familia por la vestimenta que llevaba puesta el día en que la internaron, pues ninguna autoridad había anotado su nombre.
Víctimas
Aunque ninguna mujer debería morir por muerte materna, el año pasado 712 tuvieron ese destino final en México, y la mayoría de los casos, como los 27 narrados ayer durante una reunión con Gladys Acosta, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y Alicia Ely Yamin, del Center for Health and Human Rights, quedaron impunes.
“México está obligado a romper con la brecha de la impunidad, cuando hay casos así se tiene que perseguir, juzgar y condenar”, sentenció el alto comisionado de la ONU, Alberto Brunori.
