Por Rodrigo Islas Brito
“El Estado de Oaxaca debe contar con instrumentos que eviten contingencias para estar mejor preparados cuando estas se presenten, ya que solo así se permitirá detectar las áreas que son susceptibles de construcción, lo cual orillará que acaben los permisos para desarrolladores que edifican en zonas irregulares y que provocan riesgos como inundaciones o vulneran a la población por fallas geológicas”.
Así lo mencionó la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional (PAN) con la diputación permanente todavía haciendo frente a las vacaciones legislativas y escasos tres meses de que la vida legislativa de la 62 legislatura local llegue a su final.
La diputada panista presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, lo que permitiría conocer las zonas de mayor peligro ante un fenómeno natural en la presente temporada de lluvias.
Morlan dijo según datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, aún en épocas recientes la inexistencia de suelo apto al interior de las ciudades y accesible para los sectores desprotegidos es una realidad.
“Un ejemplo de ello se traduce en que el 11 por ciento de las viviendas en zonas urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río, 2.3 se encuentran sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9 por ciento sobre barrancas”.
“Resulta fundamental contar con instrumentos actualizados que permitan implementar acciones y mecanismos, con la finalidad de conocer los peligros o riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos y así evitar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, e infraestructura”,
Insistió Morlan, refiriendo que a fin de evitar situaciones adversas en la población oaxaqueña, es fundamental que las autoridades encargadas de otorgar permisos correspondientes para cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos tomen en consideración los atlas de riesgo estatal y municipal para ver la viabilidad de la respectiva solicitud.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Protección Ciudadana para su análisis y dictamen, con una gran probabilidad ante una 62 legislatura que ya va por su último periodo de sesiones a iniciarse el próximo mes, que no pase nada con ella.
