La Jornada.
El Senado de la República aprobó esta madrugada la Ley de Responsabilidades Administrativas, con modificaciones propuestas por el PRI y PVEM, que quitan a los funcionarios, legisladores, jueces, ministros, dirigentes sindicales y en general servidores públicos, la obligación de publicitar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Los grupos del PAN y PRD unieron fuerzas para tratar de echar abajo el artículo 29 de esa ley, en el que priístas y verdes introdujeron el candado para que nos se hagan públicas las fortunas de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, pero perdieron por ocho votos. “se trata de una ley coladera”, por la que se colará la corrupción, definió la perredista Dolores Padierna.
No quieren discutir ese punto, “por el temor de que el pueblo se entere de lo mucho que tienen unos cuantos”, advirtió a su vez el también senador perredista, Armando Ríos Piter. Antes, su compañero de bancada, Zoé Robledo y la senadora del PAN, Laura Angélica Rojas, insistieron en que era el momento de respaldar realmente la llamada ley 3 de 3 y no aprobar una versión light, descafeinada, que no abona a combatir la corrupción.
En contraparte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, sostuvo que se tomó en cuenta la petición de las organizaciones que impulsan la Ley 3 de 3 y a través de un adéndum, PRI y PVEM incluyeron sus propuestas de cambio.
Sin embargo, en el artículo 29 de ese Adéndum a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que: “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
La propuesta del PRI-PVEM eliminó la obligación del servidor público, de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva. Ello imposibilita a dar seguimiento a la evolución de la riqueza de los servidores públicos, recalcó la senadora perredista, Dolores Padierna.
Su compañero de bancada, Raúl Morón, advirtió que se trata de una reforma simulada, con la que se engaña al pueblo mexicano, ya que se establece que las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del funcionario.
La senadora panista Marcela Torres Piembert resaltó que con esa redacción del artículo 29 se abre la puerta a que sea la Suprema Corte la que decida qué parte de la declaración patrimonial o fiscal forma parte de la vida privada de los servidores.
La propuesta de modificar ese artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se rechazó por 59 votos a favor y 51 en contra. Algunos senadores del PAN y PRD, como Jorge Luis Preciado, Luz María Beristáin y Alejandra Roldán, se retiraron del salón de sesiones antes de la votación. Otros, como Martha Palafox, del PT y Adriana Dávila, del PAN, que contendieron por la gubernatura de Tlaxcala y ya anunciaron su reincorporación a sus tareas legislativas, no se presentaron a la sesión. Y Ana Gabriela Guevara, votó en abstención.
El PRI-PVEM contó con el voto del senador Manuel Cárdenas –suplente de la fallecida Mónica Arriola- quién además presentó como propias las modificaciones al proyecto de dictamen, contenidas en el Adéndum de priístas y verdes
Todas las reservas presentadas por la oposición fueron rechazadas. La senadora Padierna lamentó que los integrantes de los consejos de administración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sean sujetos de esa ley.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett resaltó que las empresas no están obligadas a hacer público el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medioambientalistas, ni en materia de salud.
Los directivos de las empresas no tienen obligaciones similares a las que se imponen a los servidores públicos, obligados a la transparencia insuficiente de sus declaraciones, resaltó.
Igualmente, el panista Raúl Gracia, preguntó “qué pasa con los empresarios, con quienes se hacen millonarios con concesiones, con licitaciones, con obra pública, que son quienes corrompen muchas veces a los servidores públicos y no están obligados a presentar sus declaraciones”.
Durante la madrugada se aprobó también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se dan mayores facultades para sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos. Antes se había votado también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
A las 2:15 de la madrugada se suspendió la sesión. Hoy se votarán otros tres leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
