La Jornada.
El presidente Enrique Peña Nieto ejerció su facultad de veto para el artículo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción aprobado la semana pasada en el Congreso y por el cual se obliga a los particulares que contraten con el gobierno a presentar declaraciones patriomoniales y de intereses.
A través del Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, el jefe del Ejecutivo envió un mensaje donde subraya que pedirá a las Cámaras legislativas, convocar a un período extraordinario para corregir los artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros artículos relacionados a la misma.
Dijo que el gobierno ”ha escuchado con atención las voces que argumentan una excesiva e inoperante” regulación en el Sistema Nacional Anticorrupción que inhibiría a los particulares para prestar servicios al gobierno.
Las críticas, dijo el funcionario de la Presidencia, ”han señalado un problema real” para la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, atentaría contra los derechos humanos previstos en la Constitución y afectaría la vida privada de muchos mexicanos y extranjeros que trabajan aquí.
En tal sentido, apuntó, el presidente Peña Nieto propone modificaciones al precepto señalado para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción y para colaborar con el Poder Legislativo le solicita un período extraordinario de sesiones para hacer las correcciones correspondientes que, asegura, de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quienes actúen contra las leyes en materia de corrupción.
