Rodrigo Islas Brito.
Hoy se dieron a conocer los resultados del informe ‘Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México’ realizado por la organización ‘Amnistía Internacional (AI), en el cual se revelan hechos atroces de tortura y violencia sexual a mujeres detenidas por fuerzas policiales mexicanas.
El informe que consta de 60 páginas, es el resultado de una investigación rigurosa iniciada a partir de septiembre de 2015, con entrevistas a 100 mujeres que se encuentran recluidas en 11 prisiones federales, entre las que se comprenden la prisión federal de Tepic, Nayarit, y el Centro Federal de Readaptación Social 16, de ese mismo Estado.
En las entrevistas, entre las que viene incluido el caso de una mujer oaxaqueña, 72 internas denunciaron violencia sexual, de las cuales 33 denunciaron haber sido violadas.
El informe reúne información que sugiere que la policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a tortura y otros malos tratos y que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y posterior interrogatorio.
En el tipo de torturas infringidas por la fuerza pública Amnistía Internacional cita derechazos en el estómago, la cabeza y los oídos, amenazas de violación contra las mujeres y sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene.
Según AI a las mujeres en México se las considera fáciles de detener como un grupo vulnerable, para así aumentar las cifras de detenciones y demostrar a la sociedad que los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad dan resultados, esto como parte de su estrategia de seguridad denominada “Guerra contra el narcotráfico”.
En las entrevistas que da a conocer AI en su informe: el 33% habían sido acusadas de formar parte de delincuencia organizada, 23% de delitos de narcotráfico, 22% de secuestro y 14 % por posesión ilegal de armas de fuego.
La mayoría de las mujeres entrevistadas eran trabajadoras sexuales, en muchos casos viven en la pobreza y son madres solteras. Las mujeres que fueron sometidas a tortura u otros malos tratos y que fueron entrevistadas por AI dijeron ser bisexuales o lesbianas. La discriminación múltiple a causa de su género, edad, situación económica o por el simple hecho de no encajar en las expectativas de género generalmente aceptadas, hace correr especial riesgo de tortura durante un arresto o bajo custodia.
La respuesta de las autoridades a estas violaciones de derechos humanos ha sido desalentadora pues los autores gozan de una impunidad casi absoluta. El Ejército informó a Amnistía Internacional que no se había suspendido del servicio a ni un solo soldado por violación o abusos sexuales entre 2010 y 2015 mientras que en la Marina solo se suspendieron a cuatro marinos en el mismo periodo. Un marino había sido condenado pero solo fue suspendido temporalmente, lo que permite que se reintegre a la Marina después de cumplir su pena.
Por otra parte, a pesar de que la Constitución de México (art.1 y 109), el Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 222) y los jueces deben denunciar los casos de tortura, estos incumplen con su obligación. Tanto que la documentación de la violencia sexual por los médicos estatales fueron calificados como regulares por las entrevistadas.
Varios abogados defensores, denunciantes de tortura y familiares dijeron a Amnistía Internacional que cuando pidieron la solicitud de examen forense oficial de la PGR les habían dicho que la lista de espera era de “más de 3.000” o que “no pueden realizar ningún examen hasta 2020”.
Para la documentación y análisis de los casos, AI se reunió con diversas unidades de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellas la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la nueva Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR entre otros.
Sin embargo, en su informe AI denuncia obstáculos del gobierno para la realización de dicha investigación por ejemplo, que en diversas ocasiones solicitó una reunión con la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Marina (SEMAR) pero no obtuvo ninguna respuesta de éstos. Cabe resaltar que en el informe muestra a este último con el mayor porcentaje de arrestos en los que hubo violación hacia mujeres.
También tuvo un incidente relacionado con una guardia penitenciaria de Morelos, quien se había escondido en una charola metálica en la zona de cocina de la sala de conferencias, lugar donde se estaban entrevistando a las mujeres, dicho incidente muestra el intento de intimidar a las entrevistadas y pone en peligro la confidencialidad, lo que hasta el momento el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario no ha abierto ninguna investigacion a pesar de las peticiones por escrito realizados por la organización AI.
“El Estado mexicano tiene la obligación y la oportunidad de actuar sobre esta cuestión. Un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres es un paso en la dirección correcta, pero necesita ser reforzado con urgencia, pues sigue estando inactivo. Hace falta aprobar urgentemente una Ley General contra la Tortura para garantizar que todas las declaraciones y pruebas obtenidas mediante estas prácticas ilegales quedan excluidas de las actuaciones judiciales”.
Para ello “las autoridades mexicanas afrontan un desafío urgente. La tortura y otros malos tratos de mujeres, incluida la tortura sexual, durante la detención y la reclusión es un escándalo de derechos humanos que ha estado envuelto en el silencio por unas investigaciones deficientes y la impunidad casi total de la que gozan los perpetradores.
Las autoridades deben tomar medidas urgentes para abordar y prevenir estas violaciones graves de derechos humanos mediante la mejora de la supervisión, el monitoreo y la rendición de cuentas; una coordinación efectiva y eficaz de diferentes áreas de la administración del Estado; la mejora de la recogida de datos y, sobre todo, el compromiso claro de dar prioridad a esta cuestión poniendo fin a la tortura y otros malos tratos contra mujeres a manos de agentes estatales”.
Finalmente cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tortura y otros malos tratos son la segunda violación de Derechos Humanos más denunciada, después de la detención arbitraria. Según estadísticas en 2013 se habían presentado en todo el país 12,000 quejas de tortura y otros malos tratos, de los cuales 8.943 son de hombres y 3.618 son de mujeres.
