Oaxaca de Juárez, Oax.-El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, informó este 5 de julio en la sesión pública de su Consejo Ciudadano que el organismo lleva a cabo un procedimiento de investigación a fin de recabar los elementos de prueba que permitan al organismo autónomo determinar las violaciones a por lo menos diez tipos de derechos humanos durante los enfrentamientos derivados del desalojo policial del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Hacienda Blanca, San Pablo Etla.
El ombudsman detalló que las violaciones afectan los derechos a la vida; a la integridad personal (relacionado con el respeto a la integridad física, psíquica y moral); a la integridad personal (relacionado con el derecho a no ser sometido a ningún tipo de tortura); a la integridad personal (relacionado con el derecho a no ser sometido a ningún tipo de penas crueles, inhumanas o degradantes; a la libertad); a la seguridad jurídica; a la salud; a la manifestación pública; a un desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes (Caso colonia 20 de Noviembre), y a no sufrir desaparición forzada.
Destacó que la Defensoría también ha dado importancia a la función mediadora y de interlocución con distintos sectores de la sociedad, por lo cual el 19 de junio intermedió en la liberación de 23 personas detenidas por los distintos cuerpos policiacos, y de dos policías federales retenidos en Asunción Nochixtlán; así como tres elementos del Ejército Mexicano retenidos por manifestantes en San Pablo Huitzo y dos policías retenidos durante el bloqueo al acceso al aeropuerto “Benito Juárez” el 27 de junio último.
Además, el Defensor del Pueblo de Oaxaca denunció que un grupo de personas no identificadas en Asunción Nochixtlán intimidan con actitudes violentas en domicilios y otros lugares a personas que resultaron heridas el día del operativo o que desean dar testimonio de lo que presenciaron durante el enfrentamiento del 19 de junio.
Peimbert Clavo relató que, ante la desconfianza y temor de las personas que resultaron heridas hacia las instituciones de salud federales y estatales, la Defensoría solicitó la presencia de la organización Internacional “Médicos sin Fronteras”, que envió una misión en la que brindó atención médica y psicológica en Nochixtlán del 30 de junio al 2 de julio recientes.
El ombudsman detalló que la Defensoría solicitó el 21 de junio un informe y la adopción de una medida cautelar al Comisionado Nacional de Seguridad, al Fiscal General del estado y al Secretario de Seguridad Pública, a efecto de que informaran el número de operativos implementados o en que han participado elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Policía Estatal, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, con motivo de las manifestaciones de trabajadores para la educación y de habitantes de algunos puntos del Estado. A la fecha, no se ha recibido la información en los términos solicitados, puntualizó.
Agregó que a esas autoridades también les solicitó, sin recibir respuesta, informar de los lugares en que se han implementado tales operativos, el estado de fuerza o número de elementos de cada corporación policiaca en cada uno de los operativos, el equipo con el que han acudido a los mismos, la orden de operaciones bajo la cual participaron en los operativos, si durante el desahogo de tales operativos han efectuado detenciones, y en su caso, proporcionen el nombre de las personas y a disposición de qué autoridad fueron puestas, y remitan los certificados médicos expedidos a favor de los detenidos, y remitir los partes informativos levantados con motivo de tales hechos.
La investigación que lleva a cabo la Defensoría, externó el ombudsman, busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos en la planeación, organización y ejecución del operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán y en Hacienda Blanca, San Pablo Etla, respetó el derecho a la vida, de manera específica el derecho de las personas a no ser privadas de la vida arbitraria, ilegal y sumariamente.
Asimismo, añadió, esta investigación busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos (en la planeación, organización y ejecución de dicho operativo en las poblaciones citadas) respetó el derecho a la integridad personal, relacionado con el respeto a la integridad física, psíquica y moral de los manifestantes, y si respetó el derecho de las personas a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, así como el derecho a no ser sometidas a penas crueles, inhumanas o degradantes.
De igual manera, dijo, el procedimiento de investigación busca determinar si los cuerpos policiacos cumplieron los estándares internacionales en materia de uso legítimo de la fuerza pública, que son propios o característicos de un Estado democrático de derecho.
El titular de la institución defensora manifestó que su acción también busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos en la planeación, organización y ejecución del operativo policial del 19 de junio de 2016, respetó el derecho a la libertad, de manera particular, sí estas corporaciones cumplieron con los elementos y los estándares en la materia para no caer en una privación ilegal de la libertad.
Además –declaró–, las pesquisas buscan determinar si la actuación de los cuerpos policiacos respetó el derecho a la seguridad jurídica en la planeación, organización y ejecución del citado operativo policial del 19 de junio. En otras palabras, si las detenciones efectuadas por los cuerpos de seguridad cumplieron con los estándares existentes en la materia.
Por otra parte, la Defensoría, mediante sus indagaciones, busca determinar si las autoridades encargadas de prestar los servicios de salud en la zona garantizaron la atención médica integral de los heridos durante dicho operativo el día de los hechos, dijo su titular. Reveló que el día del operativo personal que dijo pertenecer a Inteligencia de la Policía Federal solicitó al Hospital General Zona 1 que “por razón de seguridad” no se les otorgara atención a maestros o población civil.
Añadió que el proceso que lleva acabo el organismo autónomo, igualmente busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos respetó el derecho a la manifestación pública en la planeación, organización y ejecución del operativo policial del 19 de junio.
Con respecto al caso de la colonia 20 de Noviembre, en la que 31 niños sufrieron intoxicación por gases lacrimógenos y fueron desplazados provisionalmente de sus hogares, Peimbert Calvo manifestó que la Defensoría busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos –en la planeación, organización y ejecución del multicitado operativo policial del 19 de junio– respetó el derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de la colonia ubicada en Asunciòn Nochixtlán y, en general, sí se tomaron en cuenta protocolos de actuación que afectaran lo menos posible a este grupo poblacional.
El ombudsman enfatizó que la Defensoría estuvo presente en el albergue instalado en San Andrés Sinaxtla, donde fueron atendidos los 31 niños y niñas a quienes el organismo brindó atención psicosocial, y el 25 de junio, el Defensor y el Visitador General acompañaron a los niños y niñas y a sus padres durante su retorno a la Colonia 20 de Noviembre, la cual desde ese momento está bajo la observación de la Defensoría. Se constató en ese momento la entrega de una planta de luz con capacidad para 75 focos de 100 watts, y de dos tinacos de mil cien litros, en cumplimiento a la medida cautelar dictada al Gobernador del Estado.
El organismo defensor asimismo busca en su investigación determinar si durante la actuación de los cuerpos policiacos se respetó el derecho de las personas a no sufrir desaparición forzada en la planeación, organización y ejecución del ya citado operativo policial del 19 de junio, expresó el ombudsman.
En el informe que presentó, el Defensor del Pueblo de Oaxaca expuso que el organismo, a efecto de documentar el caso, ha llevado a cabo visitas de inspección, entrevistas a actores implicados en el caso, solicitud de informes de autoridad, recopilación de documentos oficiales e inspección de contenido de grabaciones de audio, video y fotografía, certificaciones médicas y mecánicas de lesiones y recopilación de otro tipo de información y documentación.
Finalmente, Peimbert Calvo externó que una vez concluida la fase de documentación, la Defensoría realizará el análisis de la información para determinar qué elementos hacen falta aún para acreditar o rechazar las violaciones a derechos humanos planteadas, y después de este proceso el organismo estará en aptitud para poder emitir su resolución correspondiente.
