La Jornada.
Ciudad de México. La explotación indiscriminada de las minas en México representa un grave riesgo para el medio ambiente. En un año, esta industria –68 por ciento de ella de capital canadiense– utilizó en tareas de extracción casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en ese mismo periodo.
Lo informaron así especialistas y defensores de derechos humanos durante la presentación del Manual de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, elaborado por varias organizaciones civiles, como Greenpeace y Fronteras Comunes.
Aunado a ello, la explotación sin cuidado de este tipo de industria ha generado afectaciones en la salud de las poblaciones cercanas a las minas. Tres de ellas: Carrizalillo, en Guerrero, México; Marlín, en Guatemala; y Valle de Siria, en Honduras, operadas por la compañía canadiense Goldcorp, que ha sido reconocida como empresa sustentable, han ocasionado daños a la salud de 27 mil personas, aseguró Miguel Ángel Mijangos, de la Red de Afectados por la Minería.
El manual se presentó en el Centro Nacional de Comunicación Social la víspera de que este viernes se conmemore el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. En ese contexto, María Colín, abogada de Greenpeace, recordó que las concesiones para la explotación de minas en México a empresas locales y extranjeras alcanzan casi 13 por ciento del territorio nacional.
Hasta 2014 había un total de 25 mil 267 concesiones mineras, que, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano, se extienden en una superficie de casi 26 millones de hectáreas, equivalentes a 12.7 por ciento del territorio. Cifra similar a la superficie que abarcan las 177 áreas naturales protegidas del país.
El objetivo del manual es convertirse en un instrumento para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo México, aseveró Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes. Esta industria, protegida por las autoridades federales, ha ocasionado la destrucción de recursos naturales, violencia contra las comunidades, uso indiscriminado de agua, violación a derechos humanos, persecución y asesinato de opositores, desplazamientos y despojo de tierras, entre otros.
Aun cuando hay opacidad entre las autoridades para dar a conocer el número de minas, se estima que en México existen entre mil 300 y mil 400, la mayoría de las cuales vulneran los derechos de las comunidades; por ello hay registrados 300 conflictos en el país.
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, aseveró que toda esta violación a derechos humanos está relacionada con un modelo de desarrollo económico desastroso: el neoliberal y extractivo, que pone en el centro la acumulación de capital y desplaza la dignidad humana y toda forma de vida en la tierra.
Mijangos indicó que tan sólo en Carrizalillo ha generado que 66 por ciento de los habitantes que viven en torno a la zona presenten problemas en la piel y 74 por ciento en los ojos. Además esta mina gasta a diario 250 millones de litros de agua. Además que han sido desplazadas dos terceras partes de las casi 90 comunidades de la región.
El manual se puede consultar en la página online de Greenpeace México.
