Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. La iniciativa de ley indígena para Oaxaca duerme hoy el sueño de los justos, ya sin una voluntad política manifiesta, ni por parte del poder ejecutivo estatal, ni de los diputados locales (los que se van y los que vienen) que se echan la bolita unos y otros sobre las razones de porque esta ley, que esta lista ya desde el 2014, no ha subido todavía la pleno legislativo estatal para ser votada.
Víctor Leonel Juan Martínez, ex consejero electoral y quien presidió hace unos años la comisión de Sistemas Normativos Internos del Instituto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPO), hace un recuento previo del camino de esta ley incomoda.
“La Ley indígena es algo que marca mucho la forma de hacer política en el Estado. Y los intereses de la clase política, los partidos políticos, los diputados y el poder ejecutivo”
Puntualiza el entrevistado, recuerda que en el 2012 se firmó un convenio entre el Congreso local y el ejecutivo estatal para realizar una amplia consulta a los pueblos indígenas de la entidad y poder construir una serie de iniciativas y reformas en materia indígena.
“A partir de ahí se hacen alrededor de 25 o 30 foros regionales y distritales, donde asisten autoridades comunitarias, municipales, representantes de organizaciones indígenas. Es una iniciativa muy consultada, con una participación activa de los pueblos indígenas desde su misma formulación”.
“Con un par de foros estatales en los cuales con esta construcción se retoma y se plantea cuáles son los objetivos y los temas que se van a establecer. Donde paralelamente un comité técnico de expertos del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de Oaxaca va elaborando estas demandas, articulándolas y dándoles forma de una iniciativa legal”
El ex consejero electoral recuerda que al termina esta etapa de consultas, en el 2013 se redactó al respecto un documento muy amplio, “el más extenso que sobre el tema se haya presentado en México ,a la vanguardia de muchos países latinoamericanos”, considera Juan Martínez.
“Se presenta al ejecutivo y este realiza un primer recorte de los temas que no le gustaron y que consideraban que iban contra la razón de ser del gobierno estatal. Temas como la construcción de un parlamento indígena, o cuestiones de territorio o de autonomía regional”.
Víctor recuerda que aun con todos los bemoles la iniciativa avanzó y el Ejecutivo estatal la asumió como suya.
“La recibe la legislatura local y se supone entra a un serie de discusiones con el dictamen mismo con las comisiones de justicia y puntos constitucionales. Donde los diputados van tijereteando cosas que no les convenían o que no les interesaban”.
Con la iniciativa ya prácticamente lista para el dictamen final y para subir al pleno para poder ser analizada y votada en el sentido que fuera, Martínez recuerda que “de repente un diputado nada soberanista pidió la opinión del gobierno federal al respecto y este hizo una serie de observaciones que obstaculizaron la votación de esta iniciativa de reforma constitucional que hasta hoy en día, ahí sigue parada”.
Recuerda que uno de los argumentos para detenerla fue que el presidente de la Republica iba a ir al foro mundial de pueblos indígenas en el 2014 y que posteriormente a eso se iba a poder votar con más bases esta iniciativa, lo cual nunca sucedió.
“Hay una intervención de Enrique Peña Nieto en el que exhorta y urge a los estados miembros de la ONU a armonizar su legislación en relación a la declaración de derechos de pueblos indígenas del organismo y de otros instrumentos internacionales. Pero curiosamente mientras lo pide hacia afuera, hacia adentro obstaculiza legislaciones que van en ese sentido”.
El también analista político señala que el poder ejecutivo pudo haber metido a esta iniciativa como ley preferente para obligar a su votación, independientemente de que fuera aprobada o no
“Recordemos que la actual 62 legislatura ha sido lasciva a los intereses de los pueblos originarios, con su aprobación por ejemplo de una ley de sistemas normativos indígenas que fue echada abajo por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”.
“O con la ley orgánica municipal que quisieron revertir un avance constitucional en materia de autonomía política de los pueblos indígenas y que también les fue echada abajo por la Suprema Corte”.
Considera que la 62 legislatura que se va no va ni quiere aprobar nada, pues su postura ha sido claramente de rechazo a garantizar los intereses de los pueblos indígenas.
“Más bien han capitalizado los conflictos y las inconformidades que en ellos se presentan en aras de beneficios políticos o económicos “.
Si la 63 legislatura que viene en diciembre finalmente la dará un cauce real a la ley indígena, Martínez responde con un “no lo sé”.
“La voluntad política no lo es todo, están los proyectos políticos de los partidos dominantes en este país que están suscritos a un enorme proyecto político y económico neoliberal de exfoliación de los recursos naturales, de agresión los pueblos indígenas, de explotación de las mineras, de la energía eólica , de los recursos forestales e hídricos”.
“De aprovechamiento incluso de valores simbólicos, diseños y patrimonio material, donde todo lo quieren comercializar y folclorizar”.
“Lo cual choca con el propósito de la iniciativa de ley indígena que van en el sentido de fortalecer la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tal como está en los instrumentos internacionales”.
Considera que en el actual conflicto social y político en Nochixtlán están ya presentes un conjunto de tensiones resultados de las reformas estructurales que se dieron en el pacto con México y que están contra la defensa del territorio, de la libre determinación y de los recursos naturales y de la construcción de un relación distinta del ser humanos con la naturaleza, no basada exclusivamente en la explotación y depredación.
Apunta que no se ha querido tocar ni en el ámbito local ni en el federal el derecho a la consulta, pese a que la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales han invalidado concesiones y las comunidades indígenas han logrado amparos en torno a la explotación de estos recursos, argumentando la falta de esta consulta previa, libre e informada que establecen los instrumentos internacionales
“Este conjunto de tensiones también va ir determinando el rumbo de la ley indígena. Si hubiera un poco de oficio y sensibilidad política del grupo gobernante que entrara al gobierno estatal a partir de diciembre ,lo mismo que de la próxima 63 legislatura , verían que no solo es pertinente y viable la promulgación de una ley indígena en Oaxaca , sino indispensable para la búsqueda de una gobernabilidad para la entidad”.
Martínez recuerda además que estos planes de explotación desbocada de recursos naturales sobre México se entienden si se toma en cuenta que se trata de la cuarta nación en el mundo en materia de biodiversidad, donde la mayor parte se concentra en territorios indígenas
“No se trata tampoco de oponerse totalmente a un proyecto específico. Una de las vertientes del derecho a la consulta es la construcción de acuerdos. En algunos lugares de Latinoamérica ha habido acuerdos entre empresa, gobiernos y pueblos indígenas”.
