La Jornada.
Ciudad de México. Las secretarías de Gobernación (SG) y de Educación Pública (SEP), así como el gobierno del estado de Oaxaca, presentaron un recurso de revisión a la sentencia de amparo emitida por el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, a petición de la organización civil Mexicanos Primero, con la cual se declararon nulos acuerdos firmados con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno federal en noviembre de 2013, mayo de 2014 y febrero de 2015.
Los escritos de inconformidad fueron presentados ante la oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación el pasado 29 de julio y el lunes pasado se recibieron oficialmente para su desahogo, por lo que en los próximos días el asunto se turnará a un tribunal colegiado para que revoque o ratifique la sentencia emitida el pasado 12 de julio.
La lista de acuerdos del juzgado tercero de distrito en materia administrativa da cuenta de que, con fecha primero de agosto, dio ‘‘por recibidos los oficios de la autoridades responsables por los que interponen recurso de revisión; una vez transcurrido el término de tres días, se remitirá al tribunal colegiado en turno para la substanciación del recurso’’.
Dentro del juicio de amparo 700/2015, el juzgado tercero de distrito en materia administrativa determinó otorgar la protección de la justicia federal a Mexicanos Primero a fin de que los compromisos adquiridos por la SG, la SEP y el gobierno de Oaxaca quedaran sin efecto.
Plazas a debate
En ese contexto, los acuerdos alcanzados entre autoridades y miembros de la sección 22 del SNTE, quienes se encuentran adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señalan que las autoridades otorgarían ‘‘un cúmulo de plazas de docentes a la sección 22 del SNTE’’ y que ellos determinarían su entrega.
Asimismo, las autoridades darían ‘‘anuencia, reconocimiento de validez u otorgamiento del derecho a que los maestros que muestren buen desempeño puedan obtener como incentivo la promoción laboral, sin ser sujetados a un concurso de oposición’’.
De igual manera, en los acuerdos impugnados a través del juicio de amparo se estableció que las autoridades validarían ‘‘que los profesores no puedan ser despedidos o separados de sus puestos de trabajo, pese a no obtener niveles de aprobación satisfactorios en tres evaluaciones consecutivas’’.
Ante la decisión de la autoridad jurisdiccional, las autoridades promovieron el recurso de revisión y será en los próximos días cuando se notifique el tribunal al que corresponderá definir si la sentencia es ratificada o debe modificarse.
