Marco Polo López Santos.
Oaxaca de Juárez. Como en el resto del país, en Oaxaca ha prevalecido un tradicional enfoque bajo el cual se ha abordado el tema de los derechos de las Personas con Discapacidad (PCD). Sus protagonistas han sido gobernantes que han mostrado, en el mejor de los casos, buenas intenciones acompañadas de ignorancia. Eso es lo que ha dado longevidad a políticas públicas que parten de concebir al Estado y a los gobiernos como entes filantrópicos, y no como garantes de derechos, sobre todo, cuando se trata de grupos históricamente discriminados, a los que suele ver bajo la óptica de la beneficencia y la caridad.
Desde el ámbito del Derecho Internacional, con algunos resortes internos, en México ha hecho eco un nuevo enfoque de Derechos Humanos, que arribó de la mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en nuestro país desde el año 2008, pero que tan pronto llegó, se topó con el muro de las burocracias y de una clase política indolente, omisa y negligente, que poco o nada se ha comprometido en cuanto a su aplicación efectiva. No deja de ser, sin embargo, uno de los avances jurídicos más importantes en la materia y con un alto grado de complejidad para su aterrizaje en la práctica cotidiana.
¿Qué nos depara el destino en Oaxaca respecto a este tema? Habrá que decir que en un contexto de crisis económica, de rezago, marginación y pobreza, con gobiernos que se esmeran en su desprestigio frente a sus gobernados, y que frecuentemente se muestran rebasados por los conflictos sociales que, en una entidad con tales ingredientes encuentran un suelo nutricio, los derechos de los grupos vulnerabilizados tienden a dejar de verse, y la consecuencia de ello es el recrudecimiento de su situación de marginación y pobreza.
De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su informe de Medición de la Pobreza 2014, en el país, el porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza pasó de 51.2% a 54.1%, y el porcentaje en pobreza extrema se mantuvo en 12.7% en el periodo 2012-2014, mientras que en la población sin discapacidad el porcentaje de pobreza pasó de 45.5% a 46.2%, y el de pobreza extrema se redujo de 9.8% a 9.5%. En 24 entidades federativas se observó una reducción en el porcentaje de pobreza o pobreza extrema, en el mismo periodo, sin embargo, Oaxaca no es una de ellas, pues aquí el porcentaje de población en situación de pobreza pasó del 61.9% al 66.8%, mientras que el porcentaje de la población en pobreza extrema pasó de 23.3% a 28.3%.
En la columna anterior (Seis meses), apunté lo siguiente:
“Si pensamos que en Oaxaca la pobreza creció desde el año 2010 […], entonces es válido decir que los programas sociales del gobierno en la entidad, en particular, el llamado Programa Bienestar de Atención a Personas con Discapacidad, fracasó, eso sin mencionar aquella evaluación realizada en el año 2013, por la empresa “Con Estrategia, Consultoría y Gestión Pública” que refería que no había un diagnóstico que diera fundamento sólido a dicho programa…”
También dije, que Alejandro Murat, gobernador electo, tendría que definir, como primer paso, si va por más de lo mismo, esto es, el tradicional enfoque en el que se nos considera como “enfermos” y “dependientes”, o asumiría el reto de romper paradigmas bajo el paraguas de la Convención. Mucho se juega en tal definición, pues, me atrevo a decir que de ella dependerá, en buena medida, la suerte que habrá de correr la estrategia que su gobierno implemente en esta materia.
Importan, claro está, las convicciones que tenga el nuevo gobernador, y también, de quiénes se hará acompañar para enfrentar tales desafíos, en una entidad como la nuestra. Edgar Cruz Luján, ex atleta y medallista paralímpico estará incorporado al equipo del nuevo gobierno. De él, en la columna titulada: “Candidatos insensibles”, publicada el 30 de mayo pasado, dije que no lo juzgaría por los colores de su decisión, sino por lo que fuera capaz de proponer, y ese momento de conocer esas propuestas está cada vez más cerca. La aplicación de la Convención y una política transversal del tema de los derechos de las PCD, en todas las instancias del gobierno estatal son, a decir de Edgar, aspectos fundamentales que impulsará. La primera pregunta es: ¿cómo lo hará?, y la siguiente es:¿contará con el suficiente respaldo interno para hacerlo ?
En la tarea de promover y exigir el cumplimiento de la Convención, sin embargo, será más importante aún la participación organizada de las Personas con Discapacidad y las organizaciones afines (OSC), así como el de otras instituciones públicas, pues promover y exigir respeto a nuestros derechos a través de una aplicación efectiva de la Convención, es una tarea que no debe recaer sólo en el gobierno.
*Presidente de “Trascendiendo laDiscapacidad. A.C. @marcopolovictus
