Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. El diputado Alejandro Martínez Ramírez recuerda que el derecho a la educación de los pueblos indígenas está garantizado por la ONU, que tienen derecho a controlar sus sistemas y sus instituciones docentes.
El panista está frente al pleno legislativo y cita que la educación oficial ha acabado con lenguas y costumbres de los pueblos originarios, perpetuando así en ellos un modelo integracionista y de asimilación forzada.
El nacido indígena habla de procesos de diálogo que tengan por objetivo fortalecer la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Sus compañeros legisladores ya están a punto de terminar su jueves de sesión, y en el fondo y en el exterior, no lo escuchan.
“Hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores para que en este último periodo de sesiones aprobemos la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que dará frutos de paz, gobernabilidad y desarrollo a todas y todos los oaxaqueños”.
Sus compañeras y compañeros legisladores tal vez ni siquiera han registrado de qué reforma les habla, de la misma que está lista desde el 2013 y que esta 62 legislatura por extrañas razones ni siquiera la ha subido todavía al pleno para ser discutida.
El panista ha dicho que en estos tiempos de encono la aprobación de esta ley es necesaria para el inicio de procesos de reconciliación. La 62 legislatura al final de la sesión no tendrá más reconciliación más que con los micro, pequeños y grandes empresarios para los que terminara aprobando un préstamo de 1600 millones de pesos.
En el pleno la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Natividad Díaz ha emprendido como ya es costumbre la huida de su curul a media sesión legislativa, mientras alguien en la tribuna se pregunta de dónde va a salir el dinero del fondo perdido, si el presupuesto público se ha anunciado ya agotado y endeudado, a lo que acusa tal vez haya que acudir tal vez a algún tipo de “alquimia financiera gubernamental”.
Minutos antes se ha votado como ley un dictamen que atañe al gremio periodístico oaxaqueño, que ha instaurado un nuevo criterio y castigo penal sobre quienes violenten y violencia u obstaculicen por cualquier medio el ejercicio de la actividad periodística. El proyecto de dictamen ha sido presentado por del periodista Rafael Said Hernández y respaldado por la comisión permanente de administración de justicia del propio Congreso.
Una periodista con muchos años en la fuente legislativa estima que la nueva ley no protege gran cosa, pues solo replica lo obvio, que el ejercicio periodístico está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos instrumentos internacionales como la Declaración Americana sobre los derechos y los deberes del hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“¿Y luego?”, “pues que este nuevo tipo penal aumenta mediante agravante de por medio la sanción a un año cuando la acción sea realizada por un funcionario público”.
“Aja, ¿y luego” , a la reportera la noticia no la ha convencido nada en tiempos donde en el estado vecino Veracruz cada semana es hecha pública la ejecución sumaria de un miembro del cuarto poder que de poder ya no tiene nada.
La comisión permanente de presupuesto y programación presentará además dictámenes con proyecto de decreto en los que el municipio de Zaachila se les negara recursos, conminándolo además a que de sus recursos propios realice el pago de sentencias y laudos a los que fue “condenado”.
San Pedro Mixtepec, Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz y San Pedro Pochutla serán los otros municipios a los que los diputados condenaran con su voto y sus manos en alto al archivo y a la improcedencia para la autorización y otorgamiento de recursos.
Al final esta nueva y de las últimas sesiones de la 62 legislatura acabara con la promesa iniciarlo todo de nuevo la próxima semana. Los legisladores aceptan.
