24 Horas.
Ciudad de México. Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados sumaron más de 200 firmas para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad que permita invalidar los candados establecidos en el artículo 29 de la llamada Ley 3de3, que evitan la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de interés de los servidores públicos.
A la iniciativa del coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, se integraron los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, sumando 193 votos, a los que se agregaron 12 diputados de Morena que decidieron apoyar el documento.
El artículo 29 marca que las declaraciones serán públicas excepto cuando su publicación ponga en riesgo la vida privada o datos personales del servidor público. Esta redacción fue impulsada por el PRI y PVEM en la Cámara de Senadores y empantanó los acuerdos para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, que finalmente se procesó en un periodo extraordinario de sesiones.
La SCJN no tiene plazos para analizar esta acción de inconstitucionalidad y, en otros escenarios similares, han pasado meses para que los ministros realicen esta tarea. Se espera que en el trascurso del día de hoy el documento sea presentado en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte.
Vulnera transparencia
De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, en poder de 24 HORAS, se establece que la redacción actual del artículo 29 de la ley vulnera los derechos de acceso a la información pública y su interpretación mediante los principios de máxima transparencia y el de la debida observancia de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Al respecto, Castañeda Hoeflich dijo que confía en que los ministros muestren “sensibilidad” y agilicen este debate, que ha generado interés en la sociedad civil.
“Creo que es un tema que, como muy pocos en lo que va de esta Legislatura, ha generado interés, y confío en que los ministros sean sensibles ante el tema”, explicó en breves entrevistas.
En la acción de inconstitucionalidad los diputados de oposición argumentan que frente a “la percepción social que sobre los servidores y funcionarios públicos pesa en cuanto a la corrupción, podemos y debemos entender la vida privada y los datos personales como límites no absolutos ni invencibles frente al derecho a la información social”.
