La Jornada.
Ciudad de México. El mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y cuatro gobernadores más son auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ‘‘por actos que pudieran representar una irregularidad fiscal’’, informó Aristóteles Núñez, jefe del organismo. El funcionario no quiso revelar el nombre de los otros cuatro ejecutivos locales ni tampoco el motivo en concreto por el que son investigados, pues dijo que la ley se lo impide.
No obstante, señaló que los resultados de dichas auditorías estarán listos antes de que terminen su gestión y explicó que se tiene un plazo de 12 meses después de que se inicia el procedimiento, pero puede extenderse a 24 meses si la persona investigada realiza actividades o tiene propiedades en el exterior.
Rechazó que sólo hasta este momento el SAT haya decidido realizar auditorías a gobernadores, pues dijo que las ha llevado a cabo desde hace tres años y medio, ‘‘pero sólo hasta este momento lo preguntaron’’. Además, recordó que el organismo lleva a cabo 44 mil auditorías por año.
No obstante, en el caso de Javier Duarte admitió que se inició una auditoría de oficio a raíz de la denuncia que hizo un particular y también por un reportaje que reveló la existencia de empresas ‘‘fachada’’ o fantasmas, que tenían contratos con su gobierno.
Acotó que sólo se tiene ‘‘una presunción contra Duarte de Ochoa y el SAT tiene que confirmar si es cierta’’, y no descartó que se pueda investigar a sus familiares, pero eso depende de lo que arroje la auditoría.
Primero en una entrevista de radio y luego al ser entrevistado por la prensa luego de firmar un convenio de colaboración con la Profeco, Aristóteles Núñez explicó que también audita a 5 funcionarios del gobierno veracruzano de los 10 que originalmente fueron involucrados en el caso de 34 empresas fantasmas, porque a los cinco restantes no se les encontraron inconsistencias en sus ingresos.
El SAT no había detectado irregularidades en dichas empresas, ni tampoco en el gobierno de Duarte, y no ha presentado denuncia alguna ante la PGR contra el mandatario, pero presentó querella contra 31 de las empresas investigadas.
Núñez remarcó que las auditorías se iniciaron en el SAT por las atribuciones que le confiere la ley, sin que haya habido orden o ‘‘consigna’’ para hacerlo por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o del presidente Enrique Peña Nieto. Aclaró que los casos de los otros cuatro gobernadores son ‘‘muy distintos’’ al de Duarte y no hubo denuncia de algún particular o de un medio, como en Veracruz.
El SAT, dijo, también ha llevado a cabo auditorías a diputados y senadores, pues ‘‘no se trata de la posición o servicio, si son servidores públicos o no; se trata de las actividades, irregularidades o discrepancias (fiscales) que pueda presumir la autoridad y que en el ejercicio de sus facultades revisa para verificar si son veraces o no…
‘‘No es por si tienen un estigma o perfil de ser servidor público, sino porque como todos los contribuyentes que tienen que pagar impuestos, si dejan de pagar o se presenta una irregularidad que la autoridad presume que puede haber una omisión, se les hace una auditoría.’’
