El Economista.
Ciudad de México. A pesar de que el gobierno federal asegura que, a partir del 2017, la deuda del país empezará a reducirse como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), para el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) los compromisos que hoy se tienen, como el pago de pensiones, los intereses que se pagan por el endeudamiento y las participaciones federales, harán que al cierre del sexenio, en el 2018, la deuda represente 53% del PIB.
Héctor Villarreal, director general del CIEP, comentó que, al inicio de la actual administración, en el 2012, se esperaba que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— se ubicara en 50% del PIB en el 2018; sin embargo, se adelantaron dos años.
“El aceleramiento de la deuda nos ha llevado a elevar el pago de interés, el cual está por encima del déficit, pues será de 2.4% del PIB, pero el costo de la deuda será de 2.8% del PIB (…) Hay muchos compromisos que se asumieron de largo plazo y que ya están aquí”, dijo en la presentación del estudio “Implicaciones del Paquete Económico del 2017”.
En dicho reporte se explica que para el 2017, el gobierno sólo incurrirá en deuda para pagar el servicio de ésta; es decir, no existirá un beneficio por la actual contratación de deuda del sector público, puesto que sólo servirá para pagar compromisos adquiridos en años anteriores.
“Aún no existen los recursos ni los compromisos suficientes como para atender la situación de la deuda, ni para hacer frente a las presiones demográficas por pensiones y deuda contingente”.
Villarreal comentó que si bien 53% del PIB no es tan alto, el problema es que los ingresos con los que cuenta el gobierno federal no son suficientes. “No hay evidencia de que se presagie una crisis macroeconómica, pero sí vemos una gangrena; es decir, un problema más microeconómico”.
Lo anterior se aúna a lo que el Consejo Coordinador Empresarial alertó sobre no hacer un mayor recorte al gasto público, pues de no hacerlo la deuda pública podría llegar a 55% del PIB.
Pensiones absorberán 90% de la recaudación del IVA
Villarreal indicó que el gasto en pensiones previsto para el 2017 absorberá 90% de la recaudación que se obtenga del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues el gasto será por 720,129 millones de pesos, pero en dos años el gasto en pensiones del gobierno va a rebasar la recaudación de este gravamen.
Con Vicente Fox, en el 2000, las pensiones representaban 36.5% de la recaudación del IVA, pero para el 2006 ya absorbían 53% de este gravamen. Sucedió lo mismo con Felipe Calderón, cuando al cierre del 2007, las pensiones representaban 56.7% de la recaudación del IVA y para el 2012 ya absorbían 74 por ciento.
La situación empeora cuando del servicio de la deuda se trata, ya que dentro de los próximos años se podría decir que todo lo que se obtenga por ingresos tributarios —excluyendo IVA e ISR— todo se destinaría al pago de interés. “Entonces, el espacio fiscal que le queda al gobierno es demasiado reducido”.
Se quita dinero en salud y educación para pagar pensiones
Sunny Villa, investigadora del gasto público del CIEP, refirió que el alto gasto en pensiones ya está afectando los presupuestos de servicios y derechos básicos e indispensables para la sociedad mexicana: salud y educación.
“El presupuesto educativo disminuye 4.8% en el 2017, debido a que debemos pagar más en pensiones y deuda, mientras que en salud veremos una reducción real de más de 4,000 millones de pesos”.
El documento del CIEP refiere que el gasto en pensiones ha aumentado del 2010 al 2017 en 59.4 por ciento. Estima que para el 2017 habrá aproximadamente 5.4 millones de personas recibiendo algún tipo de pensión contributiva.
“El sistema de pensiones en México genera desigualdad. Los pensionados de la extinta Luz y Fuerza de Centro reciben pensiones promedio al año de 970,844 pesos, mientras que los pensionados del IMSS recibirán un monto cercano a los 85,600 pesos”, expuso Villa.
Urge crear consejo fiscal
Adrián García Gómez, investigador de ingresos del CIEP, comentó que en estos dos últimos años, la reforma fiscal ya dio lo que tenía que dar, pues se espera que en el 2017 los ingresos tributarios representen 13.3% del PIB y para el 2022 será 13.8%; es decir, en cinco años sólo crecerán 5 puntos porcentuales del PIB, lo cual es muy bajo, considerando los compromisos que se tienen.
“Si bien no nos acercamos a una crisis macro, estamos seguros de que para el 2018 tendrá que hacerse otra reforma fiscal por los bajos ingresos que se tengan para pagar compromisos de largo plazo”.
Con lo anterior, Villarreal insistió en la urgencia de crear un Consejo Fiscal que mejore la capacidad del gasto público; dicho organismo sería independiente de Hacienda y del Ejecutivo.
“Si bien este consejo no nos resolverá todo el problema, sí nos ayudará a dimensionar cuándo y cuánto tenemos que pagar, y a quién le tocará manejarlo”.
