Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , con sede en Washington D.C condenó los asesinatos de los comunicadores Agustín Pavía Pavía y Aurelio Cabrera Campos, fallecidos a causa de ataques con arma de fuego, en hecho ocurridos los días 13 y 14 de septiembre, en los estados de Puebla y Oaxaca, respectivamente, e instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Aurelio Cabrera Campos recibió varios disparos de arma de fuego mientras conducía su vehículo cerca de la población de Huauchinango, en el Estado de Puebla, la noche del 14 de septiembre. Las autoridades habrían sido alertadas del hecho mediante una llamada telefónica y, aunque los servicios médicos le encontraron con vida al llegar al lugar, el comunicador falleció horas después en el hospital al que fue trasladado.
De acuerdo a la información disponible, Cabrera había trabajado para el diario Voz de la Sierra y recientemente había creado su propio medio, el semanario El Grafico de la Sierra, del cual era director. El periodista era conocido por cubrir la fuente policial y de seguridad pública en el norte del estado de Puebla, zona colindante con el estado de Veracruz y en la cual existe una fuerte presencia del crimen organizado.
Agustín Pavía Pavía fue atacado la noche del martes 13 de septiembre frente a su domicilio en la población deHuajuapan de León, en el Estado de Oaxaca. El comunicador conducía un programa en la radio comunitaria Tu UnÑuu Savi y es el segundo locutor de dicha estación radial en ser asesinado en un lapso de 79 días, de acuerdo con la información difundida.
Con los casos señalados señaló la CIDH suman nueve los asesinatos de periodistas ocurridos en México este año de los cuales la Relatoría tiene conocimiento: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautistaen la localidad de San AndrésHuaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco; el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de Guerrero, el 14 de mayo fue asesinado Manuel Torres González en Poza Rica, estado de Veracruz; el 19 de junio fue asesinado Elpidio Ramos Zárate en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca y el 20 de julio fue asesinado Pedro Tamayo Rosas en Tierra Blanca, Veracruz.
La Relatoría Especial expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México que se expresa en el incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión.
El Estado informo a la Relatoría que la Fiscalía General del Estado de Puebla y la FEADLE trabajan de manera coordinada para impulsar las investigaciones respecto del homicidio del periodista Aurelio Cabrera Campos y avanzan en ambos fueros con el propósito de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la relativa al ejercicio de la libertad de expresión. Sobre el Homicidio de Agustín PavíaPavía informó que la Fiscalía de Justicia de Oaxaca se encuentra adelantando investigación por el homicidio.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos crímenes estarían asociados con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial estima necesario evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio del periodismo.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
