Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Un grupo de más de cien organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como “señales preocupantes” los nombramientos recientes de los nuevos Procurador General de la República y Secretaria de la Función Pública.
Asegurando que asunción del hoy procurador Raúl Cervantes, y de la ayer procuradora Arely Gómez como nueva titular de la Función Pública van en contra de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma.
“En más de una ocasión, las personas y organizaciones responsables de este posicionamiento hemos enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado”.
Dice el mensaje de las ONGs y Redes de Protección a los Derechos Humanos (RPDH), asegurando que Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo.
“Sin embargo!” , apuntan, los nombramientos recientes por parte del poder federal “demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones”.
Acusan que el Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto.
“Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto”.
Señalan y sobre el nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública consideran que viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
“Para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria. Esta consulta nunca se realizó”.
Por otra parte, respecto al nombramiento del Procurador, las organizaciones os califican como “la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”.
“Tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia)”.
Apuntan que se debe recordar que el año pasado Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, puntualizan que antes como ahora, su perfil ha sido severamente cuestionado, pues “la designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos”.
Las más de cincuenta organizaciones señalan como un extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: su papel en la ratificación del Procurador, pues “anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal”.
“Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial”.
Las personas y organizaciones que conforman este posicionamiento exigen finalmente que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador.
“Pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”.
Entre las más de cien organizaciones civiles y las redes de organizaciones de derechos humanos firmantes destacan en lo respectivo a las primeras, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Ciudadano Construcción y articulación de lo público, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Colectivo por la Transparencia, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC.
Y en lo concerniente a las segundas, Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); y el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)
