Gladys Aguilar/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Luego de que el pasado 14 de diciembre diputados solicitarán que se les regresara la facultad para designar a administradores municipales, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, indicó en entrevista que la preocupación de parte de los legisladores está en que se designen a personas que carezcan de la experiencia y capacidad para conciliar en las comunidades.
“Pues se designan a personas con perfiles vinculados a actos de corrupción previamente o que haya utilizado el cargo de administrador para beneficio personal, por eso pedí respetuosamente al gobernador que los que sean nombrados como administradores cumplan con una base de perfil y responsabilidad pública y que no se vuelvan en depredadores de presupuestos públicos”.
Mencionó que hoy ya esta decisión es una facultad del ejecutivo y no hay vuelta atrás pues en el congreso no se ha avanzado para devolver la capacidad.
La facultad que se plantea en tribuna es acotada a los 90 días para que los administradores puedan ofrecer servicios básicos en temas de seguridad y atención ciudadana no en el tema de obra pública o gestión financiera como ha ocurrido.
Consideró que este tema sin duda alguna el 1 de enero provocará un desorden social como ya se ha venido viendo pues no hay una buena experiencia con los administradores.
Asimismo recalcó que hubo muchos señalamientos cuando la facultad fue otorgada al congreso donde se establecieron administradores con criterio de cuota de reparto y de perfiles pocos profesionales y también existió la corrupción.
“La verdad es que no hago una defensa hacia la legislatura pensando en una cuota de poder, la hago por una razón constitucional, no puede ser que un ejecutivo nombre a otro, sobre todo cuando la Suprema Corte determinó a la figura de administrador como anticonstitucional y que violenta los derechos de los pueblos indígenas.”
Sin duda darle la facultad legal fue correcto constitucional pero los vicios que se cometieron llevaron a tener unos casos de administradores que utilizaron de manera incorrecta los recursos, “y el problema de fondo es que no hubo candados ni limitaciones ni responsabilidades de carácter penal”.
