Proceso.
Ciudad de México. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una medida cautelar al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para que garantice un trato digno y humanitario a unos mil indígenas mixes desplazados por un conflicto interno y agrario que hasta ahora ha provocado una muerto, ocho heridos, 10 retenidos y viviendas incendiadas.
La medida cautelar fue entregada a la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo para que brinde trato digno, mismo que incluye educación, salud, alimentación, así como atención especial a niños, niñas y adolescentes de todos los desplazados y que se genere un retorno pacífico a su población de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes.
El pasado sábado 7 de enero se registró un enfrentamiento en la agencia municipal de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes por un conflicto poselectoral y agrario. En el lugar murió José Antonio Pérez, de 15 años de edad, y resultaron heridos Jesús Márquez Espina, Kevin Bladimir Espina Domínguez, Cástulo Espina Ortiz, Eber Canseco Blanco, Anabeth Manuel Canseco, Pablo Rosales Manuel y Luciano Flores Carlos, entre otros.
Mientras, en la cárcel municipal se encuentran retenidos Celestino Pablo, Delfino Pablo José, Gonzalo Pablo Rosales, Constantino Pablo, Gregorio Martínez Sánchez, Aquilina Manuel Canseco, Telesfora José, Enriqueta González Domínguez y Felipa Rosales, desde hace casi 72 horas de haber sido privados de su libertad.
Aunque personal de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Secretaría General de Gobierno acudió a San Juan Juquila Mixes, la autoridad municipal se ha negado a entregarlos.
Ante la presencia de gente armada que dejó varias casas incendiadas, más de 200 habitantes de Guadalupe Victoria que apoyan al presidente municipal Rolando Diego Miguel, se refugiaron en San Juan Juquila Mixes.
En tanto, más de 700 indígenas buscaron protección en el municipio de San Pedro Ocotepec con el que habitantes de San Juan Juquila mantienen un conflicto agrario.
A raíz del enfrentamiento, la defensoría dictó medidas cautelares a la Fiscalía General del Estado para que se constituya en el lugar y requiriera la libertad de 10 retenidos.
A la Secretaría General de Gobierno demandó solucionar el caso mediante el diálogo y la Secretaría de Seguridad Pública, garantizar la tranquilidad en esa comunidad mixe.
