La Jornada.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 60/2016, dirigida al gobierno del Estado de Baja California Sur y a los integrantes del Ayuntamiento de Los Cabos, por violaciones a las garantías de un hombre que fue hallado sin vida, colgado de los barrotes de una ventana del baño de una celda , donde se encontraba arrestado por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.
En un comunicado, el organismo explicó que el 11 de septiembre de 2013 la víctima fue detenida por tres policías municipales de Los Cabos y puesta a disposición de un juez calificador por una falta administrativa. A las 05:55 horas del mismo día, fue encontrado sin vida, determinando el médico legista “muerte por ahorcamiento”, por lo cual se inició una averiguación previa por hechos posiblemente constitutivos de delito contra quien resulte responsable.
A finales de ese mes, los familiares se enteraron a través de “Plataforma México” sobre la detención de la víctima por una falta administrativa y su traslado a la Comandancia Delegacional “Los Cangrejos”; se presentaron en ese lugar el 5 de marzo siguiente, donde les negaron la detención del occiso, aludiendo que no había registro alguno.
Días después, se entrevistaron con un Juez que les informó que su familiar fue arrestado y se suicidó en el interior de una celda, motivo por el cual los familiares solicitaron la exhumación del cuerpo de la víctima.
El 11 de abril de 2014, los familiares y un perito odontólogo forense privado, acudieron al Panteón Municipal, donde se llevó a cabo la exhumación de un cadáver, pero al realizar la identificación por las piezas dentales, el especialista determinó que no correspondía al occiso.
Al investigar el caso, la CNDH documentó irregularidades en una averiguación previa en la que dos diversos Ministerios Públicos del Fuero Común omitieron realizar las diligencias necesarias para la correcta y pronta integración de la misma a fin de esclarecer la verdad de los hechos sobre la causa real de la muerte de la víctima.
Asimismo, se acreditaron irregularidades en la detención y el procedimiento administrativo de la víctima, además de la omisión de garantizar su derecho a la integridad y seguridad personal.
Por ello, la CNDH le recomendó al gobierno de Baja California Sur que perfeccione la averiguación previa para que se agoten las líneas de investigación de manera diligente y eficaz; otorgue atención médica, psicológica y tanatológica a los familiares de la víctima e instruir que a todos los cadáveres que permanezcan en calidad de desconocidos y se envíen a la fosa común, se les tomen muestras biológicas para su identificación.
