La Jornada.
Ciudad de México. La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha encontrado desorden administrativo y financiero en diversas dependencias de la administración estatal, lo que involucra a colaboradores del ex mandatario Gabino Cué, informó el titular de la dependencia, José Ángel Díaz Navarro, quien aseguró: Estamos limpiando la casa.
Explicó que recibieron documentos de adeudos con proveedores por 2 mil 200 millones de pesos, pero los acreedores sólo se han presentado a reclamar 600 millones. Por ello, se buscará a los empresarios para que expliquen por qué no han solicitado sus pagos. Esto, añadió, puede deberse a que no cuentan con todos los documentos que avalen las deudas.
A unos días de que terminara el gobierno de Cué Monteagudo, agregó, se descubrió que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca –perteneciente a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico–, que encabezó Francisco Zorrilla Ruiz, pretendió vender a un particular 20 hectáreas que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo había desincorporado en Santa María Huatulco para viviendas de interés social.
De acuerdo con documentos en poder de la Contraloría, continuó, se pretendió vender estos predios en 50 pesos el metro cuadrado, cuando su costo real oscila entre 500 y mil pesos.
Debido a que esta anomalía fue detectada por la administración de Alejandro Murat, la transacción fue cancelada y se realiza una investigación para dar con los responsables y aplicarles todo el peso de la ley.
Este desorden, dijo Díaz Navarro, se debe a falta de control financiero y de pagos, pues cada dependencia tenía independencia presupuestaria para la contratación de servicios.
Mientras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, informó que esta institución vive un momento crítico, pues la anterior administración no entregó cerca de 100 millones de pesos de presupuesto, lo que ha afectado su desempeño.
Refirió que el anterior secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, no transfirió recursos que ya estaban etiquetados, lo que ha retrasado pagos de energía eléctrica, agua, teléfono e incluso rentas, motivo por el cual existe una demanda para desalojar algunas oficinas.
Aseveró que el Congreso local asignó para el tribunal un presupuesto de 900 millones de pesos en 2016; sin embargo, no les entregaron todo el dinero y en 2017 le aplicaron un recorte de 90 millones, por lo que podrían cerrar algunos juzgados en el estado, como ya ocurrió el año pasado con los de Silacayoapam y Juxtlahuaca.
Anunció que buscarán que por lo menos les reintegren los 90 millones que les redujeron este año, aunque puntualizó que estos recursos no alcanzarán.
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