Proceso.
Ciudad de México. El gobierno de Alejandro Murat, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciaron 70 auditorías al último año de la administración del exmandatario Gabino Cué, debido a que dejó un “desorden administrativo y financiero”.
Así lo dio a conocer el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, quien agregó que “tenemos que armar este rompecabezas hacia atrás y explicar lo que pasó”, para evitar que el gobierno de Murat reintegre lo que no se aplicó, pues “si de por sí no tenemos (dinero), ahora que te quiten pues no lo puedes permitir”.
Es por ello que la Contraloría va a realizar 50 auditorías, y 20 más entre la SFP y la ASF, con el fin de que se sancione administrativa y hasta penalmente al exgobernador y excolaboradores que desviaron recursos públicos.
La realidad es que “no hay obra pública, hay dos o tres y no se ven, y lo que está hecho, está mal hecho. La administración anterior no llegó a comprobar ciertos gastos en materia de salud, obra pública o seguridad”.
Ahora se investigará quién facturó, cuánto facturó y cuáles son los precios como facturó, qué empresas y quiénes, porque puede haber prestanombres, y lo único que sí se tiene claro es que no son de Oaxaca, señaló.
También habría que preguntarse por qué Cué no firmó convenios con el IMSS como lo hizo recientemente el gobernador Alejandro Murat para realizar compras consolidadas de medicamentos y evitar la corrupción.
Y es que con ese convenio, acotó, el gobierno de Murat se va ahorrar 400 millones de pesos, al pasar de 800 a 400 millones en la adquisición de fármacos este 2017.
La pregunta es, abundó, ¿por qué Gabino Cué o sus colaboradores no firmaron un convenio con el IMSS?, porque si lo hubieran hecho desde el inicio del sexenio, se hubieran ahorrado unos 2 mil 400 millones de pesos.
Mientras que en el caso de la compra-venta de terrenos para vivienda en Huatulco, acusó, ahí vendieron 20 hectáreas a 50 pesos el metro, cuando el valor real es de entre 500 y mil pesos, negocio que podría haber redituado entre 90 a 200 millones de pesos.
Díaz Navarro insistió en que “después de haber identificado las irregularidades en diciembre pasado, la Nueva Administración del Fidelo pidió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que instruya a Nafin (fiduciaria) detener todos los trámites de esta operación, en tanto se analizan las condiciones de compra-venta, debido a que se detectó un valor de venta mucho menor al valor mercado”.
Aunado a estas irregularidades, el gobierno de Cué decía que tenían un déficit de mil 200 millones de pesos por adeudo a proveedores, y al corte al final del mes de enero sólo se habían presentado a la ventanilla única a reclamar sus servicios por 700 millones de pesos, entonces “yo quiero saber esos mil 400 millones de pesos los querían para qué o quiénes”.
“Puede ser que hayan inflado la cifra y todavía haya que revisar con documentos, si no hay algún prestanombres que puede ser el chofer, la sirvienta o gente que ya falleció que la incluyan, entonces, hay que verificar”, advirtió.
