Karina Hernández/RIOaxaca
Oaxaca de Juárez. La explotación del bosque y el reparto de utilidades entre el agente municipal de Río Dulce, Zimatlán de Álvarez y el actual comisariado ejidal de la zona han empantanado el proceso electoral para la renovación del agente de esa localidad de Valles Centrales.
En entrevista para RIOaxaca, el presidente del Consejo de Vigilancia de Comisariado Ejidal, Santiago Mejía Vásquez, acusó a su agente municipal, Gabriel Hernández de privar de los servicios básicos a integrantes del Comisariado Ejidal, familiares y seguidores en represalia por denunciar las arbitrariedades de la autoridad auxiliar administrativa.
Acompañado de un grupo de inconformes, Santiago Mejía, denunció que el agente de la población ha dividido a la comunidad. Refirió que el conflicto entre autoridades administrativas y agrarias data de 2014, cuando el titular del comisariado ejidal era el ciudadano Fernando Mendoza al que intentaron destituir del cargo por no ceder a chantajes del ahora agente y su abogado.
“Todo inició cuando Fernando Mendoza recibió de su antecesor –comisariado ejidal- la cantidad de 800 mil pesos por concepto de un litigio agrario, a la población llegó un abogado de nombre José Quiroz Cortés, solicitando la cantidad de un millón de pesos para dejarlo en el cargo, situación a la que se negó el entonces recién nombrado titular del Comisariado Ejidal, por lo que el abogado emprendió una lucha para destituirlo”.
Sin embargo dijo Mejía Vásquez, un grupo de comuneros se percataron de la arbitrariedad del presunto líder social por lo que fue apoyado para mantenerse al frente del ejido, desde ese momento, dijo, nuestros derechos empezaron a ser violentados.
“-El ex comisariado- Fernando Mendoza y su cabildo ejidal lograron concluir su gestión y alcanzaron la transición de poderes con el actual Comisariado de Bienes Ejidales, Filomeno Hernández Vásquez como Presidente; como Secretario, Miguel Cruz López; Tesorero, Fausto Salinas Celis y su servidor, Santiago Mejía Vásquez como presidente del Consejo de Vigilancia; sin embargo, por presiones del agente y de su abogado no nos hemos podido acreditar ante las autoridades agrarias.”
El funcionario informó que desde diciembre de 2015 –fecha en el que se nombró a las nuevas autoridades ejidales – carecen de reconocimiento por la intromisión del Agente, Gabriel Hernández y del líder social, José Quiroz Cortés.
“El costo que estamos pagando por impedir que Río Dulce siga dividiéndose y no dar el dinero al abogado ha sido muy alto. Nuestras familias y personas que nos han apoyado para exhibir los malos actos del Agente Municipal hemos sufrido represalias. El agente nos privó de los servicios básicos, se no negó hasta el derecho a asistir a la iglesia, al panteón y a diversos lugares públicos”, detalló Mejía Vásquez.
Por lo anterior, pidió atención inmediata por parte de las autoridades agrarias y del Gobierno del Estado ya que agregó, el próximo ocho de abril serán las elecciones para renovar al agente municipal; sin embargo, “el actual agente se opone”.
Subrayó que para el proceso electoral de la agencia se solicitó el apoyo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), quien será el responsable del proceso electoral. Asimismo solicitaron la presencia de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de la Mujer, con la intención de realizar unos comicios transparentes para el relevo de su agente municipal.
Sin embargo, pese a la solicitud del funcionario ejidal, el pasado 2 de abril, un grupo de pobladores retuvieron e impidieron el paso a Saúl González Vidal, funcionario del IEEPCO; a Constantino Ramírez Aragón, representante de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y al jefe del Departamento de Sistemas Normativos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Ulises Antonio Jiménez quienes darían difusión a la convocatoria para el proceso electoral de la renovación del agente.
Cabe destacar que en 2014 el abogado Quiroz Cortés litigó un conflicto agrario de la comunidad en la que se luchaban por recuperar 1,300 hectáreas de una reserva ecológica en contra de la población de San Pedro Totomachápam, igual perteneciente a Zimatlán de Álvarez.
