Periodistas y medios, entre la crisis política y económica

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En la tercera parte de este año 2017 los sectores económicos de la entidad están alarmados por la falta de inversiones del gobierno del estado y de los municipios. Del primero, la respuesta es la misma que el sexenio pasado: no hay dinero. De los municipios pocos han iniciado sus trabajos.

El argumento de falta de liquidez contrasta con los presupuestos anuales más altos para Oaxaca, arriba de 80 mil millones de pesos (“presupuestos históricos”). El gobierno pasado dejó millonarias deudas institucionales que hasta la fecha no han sido pagadas a los oaxaqueños.

El daño ha sido grande, empero, aún no mueve la sensibilidad de nuestros gobernantes. El gremio periodístico también se ve afectado por esta dinámica. De los 267 millones de pesos que autorizó el Congreso de Oaxaca en el presupuesto de egresos 2017 para Comunicación Social, no se sabe en qué se ha invertido. No hay transparencia ni planeación al respecto.

Preocupa, pues si ese presupuesto no se ejerce para lo que fue destinado puede caerse en el subejercicio y tener que devolver esos recursos a la Federación, a menos que los gasten en cualquier otra cosa, lo cual es desvío de recursos. En teoría ya debieron ejercer 89 millones de pesos en los cuatro meses del presente ejercicio fiscal. ¿En qué se aplican? ¿Cómo se ha distribuido el gasto?

Los periodistas en Oaxaca estamos por mejorar las prácticas y cumplir los estándares internacionales de libertad de expresión y buena gobernanza. El uso eficiente de los recursos públicos pasa por la asignación de publicidad oficial de manera clara; el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos a la información, a la libre expresión y al ejercicio mismo del periodismo.

La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), exige reglas mínimas para la distribución de publicidad oficial.  Oaxaca no puede destinar más del 30% del presupuesto respectivo a la difusión en medios “nacionales” y extranjeros. La desproporción en que el gobierno coloca a los medios locales es inaceptable. Y esa difusión debe ser para la promoción de la entidad, no de la figura de algún personaje, acorde al artículo 134 constitucional. Además, contemplar la inclusión de los medios regionales, asolados por grupos de presión y autoridades locales caciquiles que atentan contra comunicadores y la libertad de expresión y de información.

La APO exhorta al gobierno de Oaxaca, a sus instancias oficiales y a la Coordinación de Comunicación Social a atender estas problemáticas que se acrecientan cada día. Problemática que enfrentan todos los medios en la entidad: periódicos, semanarios, revistas, radio, portales de noticias, lo que repercute en sus periodistas. Que los presupuestos sirvan oportunamente para lo que fueron destinados.

Por la libertad de acción y expresión

La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) A.C.

 

El Consejo directivo

 

Cuauhtémoc Blas López                             Jesús Ortiz Santos                          Idolina Herrera López