El próximo domingo cuatro de junio, habrá elecciones ordinarias en cuatro entidades, no obstante, la del Estado de México por su complejidad e incidencia en el contexto político nacional, por tener la lista nominal más grande del país, sin duda significa un reto trascendental para las autoridades electorales, derivando la alta posibilidad de un resultado muy cerrado y que pone en juego la legitimidad del árbitro de la contienda.
Ante el escenario que muestran las encuestas recientes respecto a las preferencias electorales que dan como posible triunfador al Partido Revolucionario Institucional, y en otros casos al partido MORENA, es muy alta la probabilidad de que el próximo domingo desde el cierre de las casillas y al comenzar a conocerse las primeras encuestas de salida, nos encontremos ante un escenario de tensión por la cercanía entre quien encabece el primer lugar y quien lo suceda.
Lo anterior dará como resultado que las miradas se centren hacia quienes deben ofrecer datos oficiales y que tendrán la responsabilidad de dotar de completa certeza la información que fluya por los diferentes medios en los primeros minutos después de la jornada electoral.
Evidentemente el reto no es menor, puesto que sobre el Instituto Electoral del Estado de México recaerá el compromiso de conceder un alto nivel de legitimidad a todo el proceso electoral que inició desde finales del año pasado, despejando todos los posibles cuestionamientos provenientes de quien en un momento dado argumente parcialidad por parte del órgano electoral.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), será el primer blanco, dependiendo de la fluidez con que refleje sus resultados en el sistema. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que dependiendo del nivel de participación, así como de la logística que se implementará para la recolección de la paquetería electoral, será el movimiento de los resultados que podrán visualizar quienes den seguimiento a la elección a través de este mecanismo, que si bien es cierto no refleja resultados definitivos, ha sido el instrumento cuestionado en primer lugar aludiendo siempre a la “caída del sistema”, en la elección de 1988.
El cuestionamiento sobre el funcionamiento del PREP, -que será de manera “tradicional” a diferencia de Coahuila y Veracruz que implementarán una metodología con celulares desde las casillas-, así como de los conteos rápidos, y por supuesto de la capacidad de respuesta de la autoridad electoral ante cualquier eventualidad y señalamientos por parte de los representantes de los partidos políticos, serán los elementos fundamentales para evitar poner en jaque la legitimidad de todo el proceso.
No debemos perder de vista que estos cuestionamientos suscitados en la elección presidencial de 2006, fue precisamente la que derivó en la demanda expresa de un recuento “voto por voto, casilla por casilla”, que indudablemente tuvo repercusión en la inmediata reforma electoral que otorgó la posibilidad del recuento total de votos ante un resultado igual o menor al 1 % entre el primer y segundo lugar. Situación que podría suscitarse en la elección en comento y que también implicaría un enorme reto.
Se instalarán 18 mil 605 casillas para recibir la votación de una lista nominal de poco más de 11 millones 300 mil votantes distribuidos en 45 distritos electorales locales. Es menester señalar que junto con las autoridades electorales, tendrán corresponsabilidad de “blindar” el proceso, las distintas instancias; como las encargadas de seguridad pública, las fiscalías para la atención de delitos electorales, así como los propios representantes de partidos, y sobre todo los más de 130 mil ciudadanos y ciudadanas que participarán como funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Pero será el organismo electoral local quien recibirá todos los señalamientos que desde estos días previos a la jornada no se hicieron esperar. Ante este escenario es de suma importancia que la maquinaria de comunicación institucional esté bien aceitada para enfrentar este reto, ya que solo de esta forma podrá dar legitimidad a todo el trabajo que implica la organización de los comicios; pero sobre todo, dotará de legitimidad y gobernabilidad a una entidad en la que no se ha suscitado la alternancia en el gobierno.
