Proceso.
Ciudad de México. El espionaje en México se ha convertido en un “mecanismo efectivo de intimidación” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, denunció la organización civil México Evalúa.
En un documento respaldado por más de 100 organizaciones, como IPANDETEC (Panamá), GESOC, Fundación Gobierno Abierto Colombia (Colombia), Datos Concepción (Argentina), TEDIC (Paraguay), entre otras, la organización señala que es espionaje “constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.Por ello exigió sanción a los responsables de tales actos, así como rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes.
Además, pidió las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.
La organización hizo referencia a al documento Gobierno Espía: La vigilancia sistemática en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, realizado por Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC y que fue recogido en el reportaje publicado el lunes pasado por el diario estadunidense The New York Times.
Dicho documento incluye una lista de periodistas, activistas y defensores que han sido víctimas de “vigilancia sistemática” por parte del gobierno mexicano, entre ellos la periodista Carmen Aristegui, su hijo Emiliano y por lo menos 12 periodistas y defensores de derechos humanos del país.
Entre los espiados también están Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); a Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal Aristegui Noticias, así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui.
Además, al periodista Carlos Loret de Mola, así como a Juan Pardiñas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con ese informe existen “sólidas evidencias” técnicas que el software utilizado para espiar es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) cuentan con estas herramientas de espionaje.
La investigación demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Explica que el principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al acceder a ellos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado “Pegasus” y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.
“En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12 en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos vinculados a la infraestructura de Pegasus”, señala el documento
Señala que los casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana se retirara del mecanismo de co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Cada Licencia de infección, según reportes de The New York Times (NYT), cuesta alrededor de 77 mil dólares americanos (cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público).
Ante los señalamientos de espionaje, en un escueto mensaje en Twitter, Eduardo Sánchez H., Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del gobierno de la república, señaló a que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la PGR.
Para México Evalúa “esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la Sedena cuentan con estas herramientas de espionaje.
“Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México”, exigió México Evalúa.
Los hechos expuestos en la nueva investigación ya fueron denunciados formalmente ante la PGR. Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.
