Alfredo Martínez de Aguilar.
Oaxaca, estado y ciudad capital, dicho está, es mágico y hechicero. Moderna versión de la bíblica Torre de Babel en la que se confunden 16 grupos ténicos que hablan más de 50 variantes dialectales
Oaxaca, es irónicamente eterna contradicción. Es el único estado de México que reconoce en su Constitución y leyes electorales el derecho electoral indígena, pero éste no se respeta a plenitud.
De los 570 municipios, 417, el 73%, eligen autoridades de manera casuítica por Usos y Costumbres degenerados al extremo de ‘abusos y malas costumbres’, hoy Sistemas Normativos Indígenas.
Esta sui géneris composición pluriétnico y pluricultural llevó a la Maestra Roselia Bustillo Marín a admitir que se califique de ‘quesillo’ la realidad de los derechos políticos indígenas en Oaxaca.
Entrevistada en el programa “Detrás de la Noticia” de Canal Gente Librewww.canalgentelibre.mx,señala que persiste la violación de los derechos de las mujeres, a través de la violencia contra éstas.
Los grupos de interés de los cacicazgos político-económicos, coaccionan a las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas, para que sean o no candidatas a cargos de autoridad municipal.
La experta en derechos indígenas es licenciada en Derecho egresada de la Universidad de las Américas, campus Puebla, y Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoaméricana.
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, y en Derechos Humanos por la Univertsidad Complutense de Madrid.
Concluirá el doctorado en Antropología en la UNAM. Por 7 años ha sido profesora-investigadora en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Efectivamente, reconoce Bustillo Marín, en las elecciones de 2013 todavía había un porcentaje elevado de los 417 municipios, entre 40 y 50, en donde las mujeres no podían votar ni ser votadas.
Eran más los municipios oaxaqueños en donde sí votaban las mujeres, pero no podían ser candidatas, explicó la autora de Derechos políticos y sistemas normativos indígenas, su quinto libro.
Con la reforma del artículo segundo constitucional, a partir de 2016, es obligatorio que las mujeres sean votadas y se diagnosticó que en la mayoría de los 417 municipios podían votar y ser elegidas.
Es obligación constitucional, pero no todas las mujeres son votadas, hay resistencia. Aunque participen lo hacen de manera distinta y aceptan que la administración corresponde a los varones.
Ellos hacen tequio y se les reconoce. Aunque hay algunas mujeres que sí lo hacen, no se les reconoce y quien no lo hace no puede ser elegido. Lo mismo sucede con los partidos políticos.
Recordó que el primer caso a nivel nacional que llegó al Poder Judicial de la Federación, fue el conflicto postelectoral del municipio oaxaqueño de Asunción Tlacolulita, Yautepec, en 1999.
La experta electoral señaló que el Poder Judicial de la Federación, se preguntó si tenía jurisdicción o no en materia de derechos indígenas y a partir de ahí se empezó a generar la tutela de éstos.
Casi todos los precedentes que se tienen, el 90%, son sobre Oaxaca. Cada vez hay más casos de conflicto entre las agencias en las elecciones y la toma de decisiones con las cabeceras municipales.
El caso de Eufrosina Cruz Mendoza,tambiénmuy sonado a nivel nacional, fue el primer referente para muchas cuestiones que se hicierondespués en materia de protección de los derechos indígenas.
Hay dos puntos de vista. El de aquellos que no la dejaron votar aunque es ciudadana de Quiegolani, y las reglas que establecían que tenía que hacer tequio en la comunidad como parte del escalafón.
Entonces, apunta la maestra Bustillo Marín hay que saber el por qué, finalmente saber si no la dejaron votar porque es mujer o simplemente porque no cumplió con los requisitos comunitarios.
Vía la antropología hay que observar todo el contexto. Puede ser una cuestión patriarcal o formal de requisitos de la comunidad. Hay que revisar los contextos y conocer por qué tienen esas normas.
A final de cuentas, si preguntas por qué creer en una norma en México, se contesta que “por la costumbre”. Pasa también en las ciudades. Lo tenemos muy arraigado y no sabemos para qué sirve.
Destacó que el Poder Judicial de la Federación es competente para conocer los conflictos por la falta de entrega de recursos de las cabeceras municipalesa las agencias munipales y de policía.
Una comunidad tarasca impugnó que la cabecera municipal no entregaba recursos para ejercer todas las actividades de la comunidad y el TEPJF resolvió que debían entregarse dichos recursos.
El voto pasivo tiene que ver con el presupuesto para realizar las actividades del cargo, de lo contrario, no pueden cumplir con éste. A partir de esa amplicación, se obligó a entregar recursos.
Persiste la mano negra de los partidos en los conflictos electorales y los concejeros del IEEPCO, electos por cuotaspartidistas, dejan pasar las cosas y que sea el TEEO o el TEPJF el que resuelva.
Reconoció que previo a la reforma 2014, era muy marcado que los concejeros electorales dejaban pasar los conflictos postelectorales a los tribunales locales o al federal, ahora, hay mayor control.
No podemos desprendernos de los partidos, pero al convertirse el IFE en INE hay un precedente en las elecciones de 2015 en Chiapas, donde los consejeros fueron destituidos por razones partidistas.
Entonces, a partir de esa decisión, ahora los Institutos Estatales Electorales actúan un poco más cuidadosos. Ya no es tan fácil no hacerlo y fue una de las razones por las cuales se hizo esa reforma.
Resaltó que el ‘per saltum’ es una figura genial, sin precedentes, pero el problema es que los legisladores modifican las leyes a su conveniencia y, luego son los que se quejan por sus cambios.
En vez de decidir por la ciudadania lo hacen en función de sus intereses y cuando tienen que resolver utilizan el ‘per saltum’ y se van a Sala Superior del TEPJF para que la resolución se agilice.
Las mujeres somos las que más votamos, por lo que no deben tener miedo aunque exista violencia política, que no se sientan menos. También tenemos el poder de defender esos derechos.
Es importante que tanto las mujeres como los indígenas y los jóvenes participen activamente en la vida política de Oaxaca y de México. Es indispensable que convergan en la toma de decisiones.
