Maribel Martínez/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. La autonomía del Fiscal Anticorrupción es imprescindible para castigar a los corruptos, si éste se vuelve rehén de los gobiernos no servirá, alertó el politólogo Roberto Ehrman Fiorio.
Además aseguró que la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción en todos los estados de la República tienen como plazo el próximo 19 de junio para concluir con la tarea de armonización.
Al impartir la ponencia “Sistema Nacional Anticorrupción y democracia” en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Doctor en Ciencias Políticas explicó que la corrupción tiene como consecuencia la pobreza y la desigualdad social por ello debe ser combatida.
Recordó que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción inició con un proyecto de iniciativa de Ley para implementar posteriormente la comisión nacional; sin embargo, por diversos temas políticos se elaboró primeramente la conocida “Ley 3 de 3”, que fue la primera Ley de Responsabilidades Administrativas.
El detonante dijo, para el sistema fue la ciudadanía con la finalidad de conocer las “obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos. En este sentido se hizo la primera iniciativa ciudadana, y a pesar de ello se promulgó el Sistema Anticorrupción.”
Dicho sistema, basado en el artículo 113 fue producto de una reforma anterior de la promoción 3 de 3, que lo define como una estructura de coordinación entre una serie de autoridades que tiene la función de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, como la fiscalización de recursos públicos.
Después de la Reforma constitucional se promulgó la Ley Estatal contra el combate de la corrupción; sin embargo, aún faltan otras reformas para que puedan ser operables.
Ehrman subrayó que en este sistema se concretó la creación de un Comité de Participación Ciudadana que tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y sobretodo, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
“La punta de lanza son los integrantes del comité, quienes trabajan para construir una institución que funcionará a partir de la generación de procedimientos, manuales y guías para que se opere de manera concentrada no parcial y también se busca llamar la atención de la ciudadanía”, comentó.
Además aprovechó para insistir en que el comité ciudadano es una oportunidad que tiene la LXIII Legislatura para garantizar la aplicación de la Ley y combatir la corrupción.
Finalmente hizo patente que la corrupción se debe combatir desde los espacios sociales más cercanos y que es necesario que todas y todos quienes integran la sociedad estén atentos a estas prácticas.
En otro tema, el también presidente nacional de anticorrupción de la Coparmex abundó que del 2017 al 2018 se tiene que dar a nivel nacional la declaratoria de autonomía de la Fiscalía General de la República, porque solo con ello se puede sustentar un elemento fundamental del sistema, que es fincar las responsabilidades o poner en el “bote” a los corruptos.
“…Si no es autónomo el nombramiento del fiscal, la lucha por poner en la agenda pública nacional el nombramiento de este cargo no vale la pena porque depende del fiscal federal, de todas formas su mandato concluirá en muy poco tiempo; es una batalla que no vale”, dijo.
Para el caso de Oaxaca, en el séptimo transitorio de la Ley Federal en materia anticorrupción del 27 de mayo de 2017, señala que los sistemas anticorrupción de todas las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables. “En este caso la Ley General del Sistema y la de responsabilidades administrativas”.
Mientras que el otro transitorio, alude que la Reforma a la Ley General de las Legislaturas tendrán que expedir las correspondientes.
En el estado se tiene que modificar la Organiza del Poder Judicial y definir los alcances del nuevo Tribunal de los Contencioso Administrativo de cuentas, la de Fiscalización Anticorrupción, la de la Auditoría Superior del Estado, la Orgánica de Administración Pública y el Código Penal.
