Se amparan indígenas contra eólica

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Reforma. 

Ciudad de México. Habitantes de Unión Hidalgo, Oaxaca, interpusieron un amparo para solicitar la protección de la justicia federal luego que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional EDF Energies Nouvelle.
El documento fue entregado ante los Juzgados de Distrito con sede en Salina Cruz, con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).

Vía acceso a la información, la comunidad indígena se enteró que la empresa solicitó el pasado 27 de abril un permiso para la generación de energía, el cual se autorizó el 29 de junio con el número de resolución RES/1219/2017.

“En el permiso se estipula que la ‘Central Eólica Gunaa Sicarú’ contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2.625 megawatts cada uno para generar un total de hasta 252 megawatts.

“De igual forma, se estipula que la producción anual estimada será de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años”, explicó ProDESC en un comunicado.

Óscar Marín, representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, criticó que al otorgar los permisos a la empresa, la CRE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, violó sus derechos a la libre determinación y a la consulta.

Así como al consentimiento libre e informado establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Este acto afecta la propiedad y posesión de las tierras comunales de nuestra comunidad, ya que tenemos conocimiento de que para legalizar su arbitraria introducción han firmado contratos de arrendamiento con supuestos pequeños propietarios, situación que violenta nuestros derechos como comunidad indígena”.

Juan Antonio López, coordinador del área de justicia de ProDESC, detalló que el permiso establece que las obras iniciarán el 1 de diciembre de 2017 para terminar el 31 de mayo de 2019 y el parque empezará a operar a partir del 1 de junio de 2019.

La comunidad señaló que también denunciarán los hechos a Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.