Oaxaca de Juárez. Con el fin de disminuir el desabasto de medicamentos y mejorar los servicios de salud en el estado de Oaxaca, el diputado de Morena, Jesús Romero propuso ante el pleno de la LXIII Legislatura, que los recursos ingresados por el concepto de multas de tránsito, medio ambiente y todas aquellas que son recaudadas por el Ejecutivo, sean destinados a un Fondo General de Salud.
Explicó que ante las evidentes carencias y necesidades que se tienen en materia de salud, por medio de la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud busca crear un fondo, que será operado a través del Fideicomiso de Salud para el Estado de Oaxaca, y que además de las multas, captará todos los recursos que sean destinados para el rubro.
Romero López señaló que del total de los recursos del fondo se propone que el 50 por ciento se destinen para el equipamiento médico, el 40 por ciento para el abasto, el 5 para la prevención de enfermedades y el 5 por ciento restante para programas de investigación para la salud, todo contemplado en la iniciativa por la que se busca la adición del Capítulo III del Título Segundo y el artículo 24 bis de la Ley Estatal de Salud, que propuso en su iniciativa.
El legislador agregó que dicho fondo, formará parte del sistema estatal de salud, estará integrado en forma interinstitucional con la representación del Gobierno del Estado, del gobierno federal, y del Congreso del Estado, a efecto de garantizar su correcta aplicación y funcionamiento, así como asegurar de manera eficiente, eficaz y efectiva, la función del estado en la prestación de los servicios de salud.
Asimismo, comentó que adicional a las multas el fondo será donde se capten los recursos de las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatal y municipal, del fondo de aportaciones para los Servicios de Salud, del Gobierno federal, de los créditos y apoyos, de las aportaciones y donaciones que efectúen los organismos públicos e iniciativa privada, lo recaudado por el Estado en materia Vigilancia y Control Sanitario, relativos al cobro de derechos por prestación de servicios y cualquier otro recurso, con el fin de que los canalice a la atención efectiva de los servicios.
