Alfredo Martínez de Aguilar.
Dada la trascendencia social e histórica del combate a la escandalosa corrupción cedemos nuestro espacio a la Maestra Edna Liliana Sánchez Cortés en torno de un asunto de vital importancia: ¿Necesita Oaxaca una Fiscalía Anticorrupción Autónoma?**
Hace unos días en uno de los medios de mayor circulación en la Ciudad de Oaxaca se publicó una entrevista al recién nombrado Fiscal Especial Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado.
En resumen, dice que no puede trabajar porque no tiene dinero y recursos suficientes, pide autonomía y manejar recursos sin rendirle cuentas a la FGEO, planteando la autonomía de dicha fiscalía como la panacea contra los corruptos.
Por supuesto, no sin antes, presumir sus cartas credenciales en espacio aparte y comparar el estado de Oaxaca con Nuevo León.
Es un argumento simplista plantear que sólo dándole autonomía técnica y de gestión a la fiscalía anticorrupción, ésta se combatirá.
Proponer únicamente que esa fiscalía se convierta en Órgano Autónomo, me parece que puede leerse como ignorancia del funcionamiento del andamiaje institucional existente o un deliberado acto de simulación política que no resolverá el problema de la corrupción, hay quien interpreta esa “propuesta” como alguna ambición personal que nada tiene que ver con un verdadero interés por combatir la corrupción.
Mención aparte es analizar la cantidad de 50 millones de pesos anuales solicitada para dicha “fiscalía”, pues no es el dinero el que investiga los delitos sino el talento y honestidad de los funcionarios al frente. Dice la sabiduría popular, coloquialmente, que con “agua y tractor cualquier pendejo es agricultor”.
El presupuesto pretendido para ese órgano de procuración de justicia, es dos veces y medio más que el de la Secretaría de la Mujer y cuatro veces más que la de Ecología o más de 15 veces el de la mayoría de los institutos u organismos descentralizados del propio gobierno del estado.
Se soslaya, con esa iniciativa, el actual sistema anticorrupción que se basa en cinco pilares fundamentales: la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del estado (SEC), la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los Juzgados y Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, así como los órganos de impartición de justicia en materia penal.
Cada uno de estos pilares de nuestro andamiaje institucional tiene participación fundamental en el combate a la corrupción, la Secretaría de la Contraloría y TransparenciaGubernamental revisa en un primer momento los actos que ejecutan los servidores públicos del Poder Ejecutivo e instruye procedimientos administrativos en función de control interno de sus actos administrativos y del ejercicio presupuestal. En un ejemplo absurdo, pensar que “si se dota de autonomía a la Contraloría del Estado ¿la hará más eficiente? ¡No! Aunque sí lo sería, hacer legalmente obligatorio que su titular tenga especialización profesional previa en materia de auditoría, que todos al servicio de dicho órgano sean personal de confianza y cuenten con servicio civil de carrera para evitar improvisación y obligarles a valorar su espacio laboral.
La Auditoría Superior del Estado, que ya es órgano autónomo, debe recomponerse en su estructura interna, fortalecer las prácticas de auditorías y las áreas técnicas de elaboración de dictámenes periciales contables, éste es el Órgano idóneo para determinar administrativamente los peculados, desvío de recursos, malversación de fondos y actos similares de indebida disposición de los recursos en los ayuntamientos, órganos autónomos, así como el adecuado uso de recursos provenientes de programas estatales, incluyendo la construcción de obra pública derivada de mezclas de recursos, entre otras….. Ese trabajo es ilógico lo realice en su totalidad una fiscalía especializada en combate a la corrupción, que por mandato constitucional federal tiene por facultades, avocarse sólo al ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por los servidores públicos, que no es cosa menor.
Por otra parte, considerando que los delitos que cometen los servidores públicos no son todos patrimoniales, sino también tienen que ver con el servicio que prestan a la ciudadanía, el ejercicio indebido de funciones o abuso de autoridad; pensar en que habrá una sana e incorruptible “nueva agencita de investigación” es imposible. ¿Por qué no pensar en incrementar los controles de confianza, así como la exhaustiva vigilancia, control interno, revisión administrativa y de derechos humanos de los actos de los agentes estatales de investigación?
En una visión constitucional, dotar a la Fiscalía Anticorrupción de la categoría de Órgano Autónomo es romper la unidad y el monopolio del ejercicio de la acción penal en las entidades federativas.
Si la Fiscalía General del Estado ya tiene autonomía, ¿se necesita autonomía para una sola de las partes?
Sorprende la “intempestiva necesidad” de duplicar gastos y funciones en la procuración de justicia, en vez de fortalecer la operatividad, transparencia y control interno en las instituciones ya existentes como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Servicios Periciales, la indispensable autonomía del Tribunal Contencioso Administrativo.
La Sala Administrativa del Poder Judicial no cuenta a la fecha con una Procuraduría Administrativa que a los ciudadanos y particulares represente en litigios desiguales contra el estado y sus funcionarios, ¿cómo quieren que el ciudadano de a pie se enfrente a la responsabilidad del estado, a los actos ilegales de sus funcionarios y al incumplimiento de sus obligaciones, en notoria desigualdad de circunstancias?
En una lectura política, ¿qué no sería más fácil tratar de corromper a un solo organismo? ¿Se trata de tapar el sol con un dedo haciendo un nuevo órgano autónomo sin revisar la operatividad y recursos etiquetados a las otras instituciones del andamiaje jurídico anticorrupción?
En un contexto de economía procesal y administrativa ¿Por qué hacer dos instituciones de servicios periciales? ¿Por qué tener dos agencias de investigación? ¿Por qué dotar de millonarios recursos a UNA Fiscalía Anticorrupción?, desdeñando la importancia social de los delitos de alto impacto, el creciente número de delitos de género contra las mujeres, la asistencia integral a las víctimas, ignorando también que los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, pilar del nuevo juicio oral penal, están muriendo de inanición, sin protección a los peritos para que ejerzan sus funciones, sin viáticos para lo indispensable, sin recursos suficientes para llevar a cabo oportunamente las más indispensables pruebas técnicas.
Dividir las facultades exclusivas del ministerio público, obligaría a este órgano a tener sus propios ministerios públicos con facultad de atracción, la pregunta es ¿sería revisor de las funciones de la Fiscalía General? y, entonces, ¿se presupone la inoperatividad de la Contraloría o de la Visitaduría General en la FGEO?, pero no solo eso ¿los agentes de investigación van a ser especiales?, qué no para eso están la ASE y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, ¿van a duplicar o a sustituir sus funciones?, los peritos contables y en materia de fiscalización del Instituto de Servicios Periciales se cambiarían de adscripción o van a contratar nuevos?
Solo los inocentes pensarían que el problema es simple…… pues no lo es, y sus soluciones menos.
** Abogada doctorante, maestra en derecho constitucional, feminista, exsubprocuradora de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la Comunidad de la PGJEO, diputada local a la LIX legislatura y expresidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Oaxaca.
