Uriel Pérez García.
Con la sesión especial de declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 celebrada el 6 de septiembre del año en curso, arranca un nuevo reto para la vida política en Oaxaca enmarcado en un escenario de reformas jurídicas e institucionales, pero además ante una crisis social insoslayable.
Inicia un proceso catalogado como el más complejo en la historia del sistema electoral de México, no sólo por los nuevos andamiajes que habrán de funcionar en la esfera nacional y local de manera coordinada y sincronizada en ciertos momentos, sino además por el contexto político y social que vivimos.
Es una realidad innegable el distanciamiento e indiferencia de la ciudadanía hacia las instituciones, y que se refleja en un desprecio hacia los comicios. No se puede tener oídos sordos ante el descontento social y la enorme crisis de representatividad que deriva evidentemente en una crisis de participación política.
No onbstante, es imperante reafirmar que la legitimidad y el acercamiento de las instituciones hacia la ciudadanía corresponde a cada uno de los actores involucrados en el proceso electoral, de tal forma que se genere esa correa de transmisión del descontento social y político por la vía institucional. Se trata de generar sinergias que permitan pasar del discurso a los hechos.
A las autoridades electorales nos corresponde la organización e implementación de todos los mecanismos que hagan posible que ciudadanas y ciudadanos acudan a emitir su voto.
Pero también corresponde a los partidos políticos que su participación en el proceso electoral se encauce siempre en el apego irrestricto a la legalidad, es decir, corresponde hacer el llamado a sus militantes y simpatizantes a conducirse con respeto a los principios democráticos.
Garantizar la equidad de la contienda no sólo es una responsabilidad que recae en el árbitro, también es responsabilidad de los jugadores respetar las reglas del juego.
La descalificación no será el camino para aminorar esta crisis social y política. La descalificación solo alimenta la desconfianza que produce un malestar intrínseco que impide valorar a las elecciones como la única vía pacífica que permite la sustitución de los gobernantes, pero además, lo más importante, la convivencia social en armonía y con pleno ejercicio de libertades.
A la sociedad le corresponde allegarse de información y estar atentos a cada uno de los eslabones del proceso electoral, recordemos que todo procedimiento es perfectible, pero que debe hacerse con una acción conjunta y con la participación cercana de la sociedad a las instituciones, donde los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública, informando de manera responsable.
En Oaxaca elegiremos 42 diputados y diputadas al Congreso Local y alrededor de 1230 concejales en los ayuntamientos por el régimen de partidos políticos. Se instalará por vez primera el modelo de votación a través de una casilla única en la que se elegirán autoridades federales y locales, una labor ardua que habrán de desempeñar quienes de manera cívica participen como funcionarios y funcionarias de casilla y quienes a la luz de toda la ciudadanía llevarán a cabo la recepción y cómputo de los votos que se emitan el día de la jornada.
El costo más alto de la desconfianza no solo ha sido el económico, sino también el desprecio hacia las instituciones, no obstante momento adecuado para aprovechar la oportunidad de arrancar un proceso electoral con el compromiso y voluntad de todos los actores de hacer perfectible el andamiaje electoral, que permita allanar el camino hacia un país y un Oaxaca más democrático.
