El País.
Ciudad de México. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que atiende los daños ocasionados por fenómenos naturales, no opera con agilidad los recursos. Desde que fue creado a finales de la década de los noventa, las autoridades de Gobierno que han recurrido a los apoyos para hacer frente a un huracán, una sequía atípica o un sismo, se han quejado de que la ayuda no es inmediata. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano fiscalizador de los recursos públicos, también ha documentado los retrasos y las irregularidades con las que ha operado.
A quince días de que la Ciudad de México quedara fuertemente dañada a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, agilizar la entrega de recursos del Fonden. El mandatario solicitó el jueves pasado “flexibilizar u obviar” algunos trámites para acceder rápidamente a los apoyos que permitan reconstruir los daños en la infraestructura de la megalópolis. El ejecutivo Peña Nieto destacó que se revisarán las reglas para atender las necesidades urgentes.
El miércoles, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se pronunció por modificar las reglas de operación del fondo de desastres. A través de un punto de acuerdo los diputados destacaron que el Gobierno de la Ciudad, a partir de la firma de la declaratoria de emergencia, estableció un protocolo para revisar viviendas y edificios. Ahora, se destaca, es necesario que se generen las condiciones de financiamiento.
En 2013 los desastres naturales ocurridos en el país constituyeron un fenómeno histórico. Los efectos causados en la población y la infraestructura pública obligaron al Gobierno Federal a destinar mayores recursos al Fonden. En Guerrero se destinó una bolsa millonaria para reconstruir la infraestructura de comunicación y transportes, hidráulica, educativa, urbana, de salud y vivienda afectada por los sismos y lluvias severas ocurridas en 2011, 2012 y 2013. En una auditoría que revisa esos recursos públicos, la ASF encontró que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició obras y acciones en Guerrero con atrasos de hasta 119 días con relación a la fecha de aprobación de recursos.
La dependencia tampoco comprobó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y no acreditó que las viviendas fueron entregadas por el contratista a la dependencia en la fecha estipulada. En la Comisión Nacional del Agua (Conagua), funcionarios tramitaron recursos para apoyos inmediatos por 158 millones de pesos, pero no ejercieron el 61,6% en los 30 días posteriores al evento. Por ello, se solicitó al Órgano Interno de Control de la Conagua realizar las investigaciones a fin de iniciar un procedimiento administrativo por las omisiones en las que incurrieron los servidores públicos.
La ASF concluyó que existieron deficiencias en la ejecución y seguimiento de los recursos etiquetados para la atención de acciones emergentes, ya que no se ejecutaron oportunamente. En algunos casos se documentó que no se proporcionó evidencia de las obras de carácter prioritario y urgente que serían efectuadas con recursos públicos para enfrentar la situación crítica del desastre natural.
El fondo de desastres naturales busca mitigar los efectos que ocasiona un fenómeno natural en la infraestructura de comunicaciones, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda y turística. Se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los “fenómenos naturales perturbadores” superan su capacidad financiera. El acuerdo por el que se creó el Fonden establece que “la atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente”.
Sunny Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expuso que los trámites burocráticos en los que está inmerso el fondo obedecen a que se han intensificado los requisitos y trámites. “Lamentablemente ante todos estos actos de corrupción y ante la falta de confianza de la sociedad, hemos derivado en que exista una alta burocracia para poder hacer uso de estos recursos”, expone la experta en gasto público. Una de las razones de la tardanza en que fluya el dinero es que no se logra una inmediata coordinación entre las autoridades. También, destaca, el fideicomiso va dirigido principalmente a obras de infraestructura que tardan bastante tiempo en ejecutarse. “Tiene que haber un reconocimiento de daños y un proyecto que diga cuánto te va a costar, quién lo va a hacer, cómo lo vas a hacer y si es la mejor opción”, menciona.
Tras la revisión de la cuenta pública 2016, la ASF encontró una serie de irregularidades y retrasos en las obras autorizadas en Chiapas con recursos del Fonden. En septiembre de 2013 se autorizaron recursos para atender los daños ocasionados en territorio chiapaneco por la presencia del huracán Bárbara que afectó a 12 municipios de esa entidad en mayo de 2013. Se repartieron apoyos para vivienda, adquisición de suelo e introducción de servicios básicos
En una localidad chiapaneca, los habitantes afectados recibieron el apoyo de vivienda hasta finales del año pasado, pese a que fueron afectados desde 2013. Además, no recibieron los títulos de propiedad. Los pobladores de la pesquería La Gloria, en el municipio de Arriaga denunciaron en octubre de 2016 las deficiencias en la construcción de 38 viviendas y alertaron que la zona en que se ubican es de alto riesgo. El órgano fiscalizador encontró que transcurrieron hasta 317 días desde la fecha acordada para iniciar los trabajos en el predio seleccionado para edificar las casas hasta su fecha de inicio real. “No se cumplió con el objeto de atender en forma inmediata la emergencia y apoyar a las personas afectadas”, se concluyó.
La auditoría también exhibió que la empresa de supervisión de obras no cumplió con sus obligaciones. “No detectó la ejecución de trabajos de mala calidad, como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias expuestas, aplanados inconclusos y de mala calidad, salitre en pisos, acero expuesto en trabes y castillos, falta de emboquillados en puertas y ventanas, muros y trabes desplomadas, losas de azotea fisuradas, sanitarios sin operar por la falta de conexión a la red de alcantarillado, viviendas sin tinacos y desprendimiento de pintura en las paredes de las casas”.
En otro informe de la auditoría, donde se revisaron los recursos para atender los daños ocasionados por el huracán Odile en Baja California Sur, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la de Gobernación fortalecer los mecanismos de supervisión del fondo. También se sugirió evaluar la posibilidad de modificar las reglas a fin de que las obras se cumplan en el plazo establecido.
El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), miembro de la Comisión de presupuesto y cuenta pública en el Congreso mexicano, destaca que el dinero del Fonden al ser ejercido de emergencia siempre presenta irregularidades en las auditorías federales. “Se presta a que haya irregularidades porque a la hora de ejecutar proyectos, algunas veces se obvian los procedimientos normales, por ejemplo, para hacer alguna licitación rápida. Entonces es probable que por eso sucedan irregularidades”, dice en entrevista con este medio. El legislador y otros de sus homólogos han solicitado una auditoría en línea para evitar el desvío de recursos. La investigadora Sunny Villa también coincide en que es importante la transparencia en los apoyos. “Lo peor que podría pasarle a este país es que los recursos terminaran llegando en febrero, marzo, y se terminen usando con fines electorales”, menciona.
