Rafael García Zavaleta.
Indudablemente que para llegar a la efectiva aplicación de la ley, sí existe un camino legal. Lo difícil es recorrerlo. Y es que el martes siete del actual mes y año, en su sesión plenaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos ha devuelto la esperanza de que en este País se restituya el estado constitucional de derecho.
Así se percibe la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia No. 296/2016, relativo a un incumplimiento de sentencia de amparo concedido por incumplimiento de sentencia a su vez, de juicio laboral, en el que destituyeron de sus cargos a Israel Moreno, Delegado por Morena, de la Delegación Venustiano Carranza y el exdelegado perredista Manuel Ballesteros, hoy también exdiputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
Todavía el día de ayer, cínicamente y mostrando su desfachatez y desprecio por el respeto al estado constitucional de derecho, el ahora exdelegado, dijo a los medios, que le parecía injusto que así lo hubieran hecho, destituirlo, por ser un Delegado del Partido Morena, cuando hay miles de autoridades que están en la misma situación, que desacatan el mandamiento judicial en las ejecutorias de amparo. Mientras el exdiputado dijo que acudirá ante los tribunales internacionales para reclamar la injusticia que según se comete en su contra por el más Alto Tribunal de la Nación Mexicana.
Esto último, es cierto, las autoridades están acostumbradas a desacatar los mandamientos judiciales, fundamentalmente de las ejecutorias de amparo, así lo hacen y no les había pasado nada, pero ahora sí parece les va a empezar a suceder, pues según el orden del día de este nueve de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunciará sobre otros incidentes de inejecución de sentencia, entre ellos, uno que involucra a la Secretaría de Cultura del gobierno federal, que podría ser resuelto con la destitución de la Secretaria de dicho Organismo.
Con este reciente hecho de justicia judicial, me atrevo a afirmar, que al ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, encabezado por el obscuro ex policía Rodolfo León Aragón, está encuadrada su conducta y la de los demás integrantes del cabildo, como de su tesorero, en los presupuestos de los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo vigente, por los que fueron destituidos los exfuncionarios de la Ciudad de México, que es el caso que aunque ahora cumplieran con la sentencia del amparo 426/2016, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, el delito ya está cometido y solo es cuestión de seguir “el camino legal”, para que sean consignados oportunamente ante la autoridad judicial federal competente, Así les deberá estar sucediendo como al exdelegado de Venustiano Carranza y el ahora exdiputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Todo por hacerles caso a pie juntillas al Doctor espiritista Rosemberg y al arcaico exsecretario-magistrado Ovando.
Así las cosas en el ámbito de la justicia federal. Pero todo lo contrario sucede en la justicia del Estado de Oaxaca. Donde se tiene al frente de uno de los poderes estatales a un individuo que ilegal e ilegítimamente está representando al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Esto es así, porque Raúl Bolaños Cacho Guzmán, fue nombrado ilegalmente como magistrado y como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Lo que en cualquier parte civilizada del mundo es normalidad democrática, en Oaxaca es parte del constante y permanente vivir en la ilegalidad. Para nadie es un secreto que hay una lista de exgobernadores que, por menos de lo que han hecho y siguen haciendo en y de Oaxaca, están en prisión. El cinismo desmedido con el que ostentan casas y propiedades lujosas en el extranjero, sus aviones privados, su ritmo alucinante de vida, contrasta con la pobreza abyecta de las comunidades, pero a esta piara pertenece el cuestionado presidente del Tribunal Superior de Justicia.
La vida de la entidad está llena de actos de corrupción de los “servidores Públicos” ¿De qué sirve que el discurso político sea el de la honestidad y la transparencia, si en el Tribunal Superior de Justicia fue electo ilegalmente un Presidente, violando las normas de las Constituciones Federal y local y la legislación del Estado?
El 13 de septiembre de este año, se presentó la denuncia de hechos, básicamente porque Raúl Bolaños Cacho Guzmán, fue designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado en diciembre de 1998 y fue electo Presidente del Tribunal en los primeros días de enero de 1999, durando seis años en el cargo, hasta finalizar 2004, cuando terminó ese sexenio de gobierno. En la siguiente administración gubernativa, el día tres enero del año 2005, los Magistrados del Pleno eligieron, en sesión solemne, un nuevo Presidente, designándose a Raúl Bolaños Guzmán, como Coordinador del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial y de la Carrera Judicial, cargo en el que permaneció hasta su jubilación, que se hizo efectiva a partir de enero del año 2010, cuando renunció (y se jubiló) para buscar la candidatura a la gubernatura del estado.
A partir de ese momento, cesó en sus tareas de Magistrado, pues aun cuando nunca ha ejercido labores de índole jurisdiccional, tenía tal nombramiento, y como ocurre en TODOS los casos, sin excepción, los magistrados que se jubilan RENUNCIAN a su cargo y se retiran a sus actividades privadas: Es decir, dejan de ser Magistrados; son jubilados, ya no están en activo en la judicatura y no ejercen ninguna de las facultades (la potestad de juzgar y sentenciar, entre otras actividades) que les confiere el nombramiento. Posteriormente, el ahora imputado se desempeñó como diputado local, fue candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y ejerció como Notario Público. Raúl Bolaños Cacho Guzmán, estaba ya separado del cargo de Magistrado cuando fue diputado, pues ya había renunciado y se había jubilado, por lo que para acceder nuevamente al cargo de Magistrado, debía someterse al procedimiento señalado por la Constitución del Estado, lo que no hizo, por lo que ahora debe ser separado del cargo y quedar sujeto a las sanciones penales correspondientes.
El trece de marzo del año en curso, nos enteramos por los medios de comunicación que el ahora imputado había sido designado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado de Oaxaca, situación que nos llenó de asombro pues es público y notorio que no había una vacante de Magistrado en dicho Tribunal, ni mucho menos que se hubiera observado el procedimiento dispuesto por el artículo 102 de la Constitución de nuestro Estado.
El Licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, tampoco cumple los requisitos para ser Presidente del Tribunal, en virtud de que jamás ha integrado Sala durante tres años previos a su nombramiento o designación por parte del Pleno como su Presidente, pues es de todos conocido que jamás integró ninguna Sala, incumpliendo dolosamente lo dispuesto por lo dispuesto por la parte final del artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Tal conducta, independientemente de violar lo dispuesto por los artículos 102 y 103 de la Constitución del Estado, rompe el pacto federal y violenta lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El imputado tomó posesión del cargo de Magistrado sin cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución del Estado y aceptó ser Presidente del Tribunal sin contar con los requisitos que exige la misma Constitución, con lo que, además de ser ilegal su designación, cometió y sigue cometiendo, una serie de delitos, previstos en los artículos 205, fracciones I y II y 233, del Código Penal del Estado, pues aceptó el cargo o empleo de Magistrado, sin tener el nombramiento correspondiente, pues ya había renunciado al que se le hizo en 1998 y se había jubilado, por lo tanto, ya no era Magistrado, y aceptó ser Presidente del Tribunal sin haber integrado Sala, por lo que al tomar posesión de ambos cargos, sin cumplir los requisitos que establecen la Constitución Local y las leyes respectivas, cometió dos veces el mismo delito, actualizando con su conducta dolosa, la norma penal y por lo tanto debe ser separado de inmediato de su cargo y es procedente, a mi parecer, que se le someta a proceso penal por los delitos en que ha incurrido. En virtud de las recientes reformas a los ordenamientos jurídicos oaxaqueños, no es necesario desaforarlo, pues puede ser juzgado como cualquier ser humano que ha cometido uno o varios delitos, como es el caso, salvaguardando, eso sí, sus derechos humanos.
Por otra parte, el fiscal anticorrupción tampoco ha avanzado con diligencia y rapidez en la integración de la correspondiente carpeta de investigación. No omito hacer notar un dato relevante en la que posiblemente el Fiscal especializado, se está tardando en excusarse de conocer de la integración de la carpeta de investigación, toda vez que el padre del Fiscal Especializado, fue parte integrante como Director, en el equipo de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, en la primera ocasión en que éste fue Presidente del Tribunal.
Sin embargo, se seguirá esperando y esperanzado en que pronto lleguen a Oaxaca, vientos de justicia y legalidad, porque cada vez somos más los oaxaqueños y mexicanos que vamos despertando de esa pesadez que deja la desesperanza y ver la constante violación de la ley por quienes deben cumplirla y hacerla cumplir. Pero sabedores que en México y en Oaxaca, sí hay un camino legal…por recorrer.
