La Jornada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior. Advirtieron que aun cuando los senadores realizaron algunas modificaciones al proyecto, éste aún presenta aspectos altamente preocupantes para las garantías fundamentales.
Ambas instancias emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que enfatizan que es necesario ampliar el tiempo de discusión para analizar la norma y no limitarse a aprobarla en lo que queda del actual periodo legislativo, que concluye este viernes.
Minutos después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a ese llamado. En su cuenta de Twitter pidió no aprobar la ley y abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que requiere México, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.
Por la noche, tras ser avalado en comisiones del Senado, Amnistía Internacional (AI) censuró la aprobación del dictamen de la ley de seguridad interior y afirmó que era la crónica de una simulación anunciada.
Anoche la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, afirmó en un comunicado: Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto de ley de seguridad interior. Las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales regulares.
Por la mañana, en un comunicado conjunto, se indicó: La CNDH y la ONU-DH hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la ley de seguridad interior, y en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.
Advirtieron que pese a que se han hecho cambios a algunos artículos de la minuta original, ésta sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicaran cambios sustantivos.
Añadieron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana.
Indicaron que no existen condiciones para aprobar la ley durante el proceso legislativo que termina este 15 de diciembre y llamaron a ampliar el debate y la discusión, a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de dicha legislación.
La CIDH, en tanto, señaló vía Twitter: Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de ley de seguridad interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país, conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.
Órganos institucionales de 10 estados del país se sumaron al llamado de CNDH y ONU-DH: las comisiones o defensorías de Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán.
En un comunicado nocturno, AI agregó que el Senado perdió la oportunidad de hacer una política pública de seguridad integral y respetuosa de los derechos humanos y privilegió un enfoque de uso de la fuerza sobre el de prevención de la criminalidad y la violencia. También demandó un diálogo nacional.
