La Jornada.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseveró que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, pueden ejercer su capacidad de veto y con ello tendría “la posibilidad de materializar su propio llamado (para ampliar el diálogo en torno a la ley de seguridad interior) y evitar la entrada en vigor de esa norma, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión.
“El presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros actores y realizar observaciones al proyecto de ley”, sentenció el organismo internacional en un comunicado.
Si Peña Nieto no atiende esos llamados, y la ley se promulga, la ONU-DH alentó a los actores legitimados a interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “a efecto de que la ley (de seguridad interior) sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”.
La ONU-DH reiteró su desaprobación a la entrada en vigor de esta nueva norma, la cual, subrayó, se aprobó en el Congreso sin un debate real sobre su necesidad y contenido.
“Como ya lo había expresado la ONU-DH con anterioridad, y lo reitera a la luz de las modificaciones realizadas, el proyecto de ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”.
La Oficina de la ONU en México lamentó que pese al inédito consenso nacional e internacional en contra de la ley, manifestado por quienes promueven y defienden los derechos humanos, al cúmulo de voces críticas de especialistas en el tema de seguridad, y al llamado de Peña Nieto para ampliar el diálogo y “realmente enriquecer” la minuta aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión “consumó la adopción de la Ley sin una deliberación efectiva”.
Señaló que si bien se realizaron algunos cambios al proyecto, “éstos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación expuestos. Además, el proceso de emisión de esta Ley contrasta significativamente de la forma ejemplar en la que el propio Congreso ha abordado otros temas”.
La ONU-DH también lamentó que el proyecto de ley se haya aprobado de forma aislada sin hacerse cargo integralmente de los serios desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia. Recordó que el pasado 5 de diciembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseveró que la “aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”.
Por ello, la Oficina en México reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
“Sólo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, es que México superará la situación crítica en que se encuentra”.
