Ahora es cuando los ciudadanos comenzarán a reclamarle resultados al Gobernador Alejandro Murat.
Por lo pronto, esta semana ya salió su primera promesa incumplida.
El 15 de enero de 2017, el mandatario oaxaqueño y el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Oscar Callejo Silva anunciaron que justo en un año concluirían la construcción de la autopista a la costa, en el tramo Barranca Larga-Ventanilla.
Es decir, para este mes ya debía estar la vía federal, que promete reducir el tiempo de traslado de la Ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, a tres horas.
Esta promesa quedó grabada en uno de los videos que le encanta hacer a Murat en todos sus actos públicos, y que es difundido en sus redes sociales.
El tiempo pasó y ni siquiera han reiniciado los trabajos de construcción en la autopista. La empresa ICA, que es la que posee la concesión para la construcción y explotación de esta carretera, negocia con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), devolver los derechos sin penalización. Argumentó desde 2016 que no es viable financieramente la autopista a la Costa.
***
La historia se repite con la autopista al Istmo. En abril de 2016, el entonces candidato a Gobernador de la alianza PRI-PVEM-Panal, Alejandro Murat prometió que en el primer año de su gobierno quedaría concluida esa carretera, que comenzó a construir su papá José Murat, cuando era gobernador de Oaxaca.
Las personas que conocen el contrato de esta obra aseguran que, si bien nos va, será hasta febrero de 2019 cuando la empresa de Carlos Slim termine la construcción de más de 162 kilómetros que siguen pendientes.
Para entonces, Alejandro Murat ya estará a la mitad de su mandato.
***
Algunos de los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ya analizan impugnar el proceso de selección en los órganos jurisdiccionales.
Y es que a los integrantes de la Comisión de Selección que integró el Congreso del Estado, todo indica, que le quedó grande la chamba.
Organizaciones civiles señalaron errores en la convocatoria, marcadas incongruencias con lo establecido en la ley nacional en materia de combate a la corrupción, la sospechosa tardanza en la difusión de la lista de aspirantes, y desarrollar el proceso en plena temporada decembrina.
La mitad de las personas inscritas son unas “fichitas”, con historial de corrupción, ligadas a partidos políticos, y a la Contraloría.
Parece que las prácticas corruptas que han dominado en la integración de todos los órganos autónomos, se repetirán en la integración de este ente especializado en el combate a la corrupción.
