La Jornada.
Ciudad de México. Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza (Panal) cambien el nombre de la coalición “Meade Ciudadano por México” en 10 días. Los partidos anunciaron que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Durante una sesión extraordinaria, los representantes de los partidos políticos y el consejero Enrique Andrade cuestionaron la facultad del Consejo para declarar improcedente la denominación. Andrade señaló que la determinación afecta la libertad de decisión de los partidos. “No existe a nivel federal ni legal los requisitos para la denominación de las coaliciones”, sostuvo. Mientras PRI, PVEM y Panal insistieron que no hay una prohibición expresa en la ley para usar el nombre.
También el consejero Marco Antonio Baños rechazó el cambio y manifestó que si la promoción del precandidato presidencial impacta en el tope de gastos de campaña de todos los candidatos de la coalición, sería responsabilidad de los partidos.
En mi opinión, añadió, es tema que está al límite de la línea, “lo correcto es aprobar la coalición, incluido el nombre y alertar sobre las consecuencias en materia de fiscalización”.
Al avalar el cambio de nombre de la coalición, la mayoría de los integrantes del Consejo General respaldaron las razones expresadas por el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de que tal y como está, la denominación afectaría los principios de equidad y certeza; se traduciría en una sobreexposición del apellido del precandidato presidencial, José Antonio Meade, y podría generar confusión en la ciudadanía para elegir a quienes, dentro de la coalición, ostentarían candidaturas a diputados y senadores.
Si lo avalamos, “estaríamos diciendo que desde aquí autorizamos que se beneficie el candidato presidencial en mención de la campaña de los otros 165 candidatos de la coalición (a diputados federales y senadores, por el principio de mayoría relativa)… La restricción está en la Ley General de Partidos Políticos, vulnera la equidad”, señaló a su vez el consejero Ciro Murayama.
También los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña acusaron de una sobreexposición del abanderado presidencial y una afectación al principio de equidad.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, tras señalar que avalaría el proyecto, resaltó que es la primera vez que se resuelve un tema como éste, pero se pronunció en contra de que los partidos coaligados hablen de que no hay ninguna prohibición expresa en la ley para utilizar el nombre de la coalición. Los partidos políticos son entidades de interés público y los coloca en el punto intermedio “que implica inevitablemente un ejercicio de interpretación “.
Si dicen que no lo van utilizar en espots, como afirman, “pa´qué le ponen el nombre, los coloca en un escenario que viola las normas”. Lo anterior, porque la ley obliga a que en los promocionales de radio y televisión se identifique la coalición para todos los cargos.
La consejera Claudia Zavala también defendió las facultades del Consejo General para interpretar la ley.
Baños dijo estar en contra de que la nominación de las coaliciones esté en los espots, y refutó que se utilizara el caso Malova (la inclusión del acrónimo de un candidato a gobernador de Sinaloa) en el proyecto, por ser un caso atendido con una legislación distinta.
PRI, PVEM y Panal señalaron que el órgano electoral se extralimitó, por lo cual el tema deberá ser resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y rechazaron que afecten los principios de equidad y certeza”.
Jorge Herrera, del PVEM, insistió que los consejeros que avalaron el cambio de nombre “están sobre regulando algo sobre lo que no tienen facultades. Tendrá que ser el Tribunal Electoral el que resuelva sobre el tema.
Claudia Pastor, representante del PRI ante el INE, acusó que el proyecto elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es restrictivo y viola las reglas del juego. Eso no está regulado por la ley, por lo cual no existen restricciones, subrayó.
Rechazó que con el nombre de la coalición estén violando el principio de certeza o que genere confusión entre el electorado.
A su vez, Marco Alberto Macías, representante de Nueva Alianza, señaló que el rechazo de la denominación es una interpretación forzada, un exceso. “Se están extralimitando, en menoscabo del principio de legalidad… es indebido para los efectos de preservar los principios constitucionalmente salvaguardados”.
El Consejo General aprobó en lo general la coalición entre los tres partidos; votaron por el cambio del nombre nueve consejeros, y dos en contra, Baños y Andrade.
